Para el cumpleaños de Rilya Wilson, el 29 de septiembre del 2005, los miembros del programa de Head Start, del Centro Joseph Caleb, compartieron una torta con glaseado blanco y flores de color rosa en un auditorio lleno de globos rosados. Apagaron nueve velas: una por cada año transcurrido desde el nacimiento de aquella niña con trenzas.

Un año más tarde, la fecha pasó sin celebración alguna. La anfitriona de las inusuales fiestas, la entonces senadora del estado de la Florida Frederica S. Wilson, había llegado a la misma conclusión que los fiscales de Miami: Rilya, la regordeta niña confiada a crianza temporal que desapareció a finales del 2000 o principios del 2001, estaba casi seguramente muerta.

“Fue entonces cuando dejé de celebrarle sus fiestas de cumpleaños”, dijo Wilson, ahora congresista de EEUU. “Me parece que esperé mucho tiempo”.

A partir del lunes, un jurado de Miami-Dade le pedirá que escriba el último capítulo de una saga que sacudió al sur de la Florida y planteó preguntas inquietantes. ¿Cómo un niño pequeño, al cuidado de un tutor designado por el tribunal, puede desaparecer? ¿Y cómo puede no darse cuenta el sistema de bienestar infantil del estado, aquejado largamente de múltiples dificultades?

En un juicio al que Wilson se comprometió a asistir, por lo menos en parte, a los jurados se les pedirá que decidan si la cuidadora Geralyn Graham maltrató y asesinó a la niña hace más de una década.

La desaparición de Rilya –su cuerpo nunca fue encontrado– provocó una gran agitación y reformas en el Departamento de Niños y Familias, dando lugar a una serie de intensas audiencias públicas, a un informe mordaz, cambios legislativos y una visita a Miami del entonces gobernador, Jeb Bush.

Varios empleados del DCF fueron despedidos, el principal administrador de Miami renunció, y la secretaria Kathleen Kearney dejó la agencia meses más tarde. La desaparición de Rilya impulsó clamores por la “transparencia” de la agencia más que ninguna otra tragedia anterior, clamores de los que hoy se escuchan los ecos.

Esto condujo a una investigación penal que culminará el lunes con las declaraciones de apertura en la corte de circuito de Miami-Dade.

Graham, de 66 años, está acusada de asesinato en primer grado, secuestro y múltiples cargos de abuso de menores con daños corporales graves. Enfrenta cadena perpetua si es declarada culpable. Graham, confinada en la cárcel del Condado de Miami-Dade desde octubre del 2002, siempre ha afirmado su inocencia.

El juicio, ante la jueza de circuito Marisa Tinkler Méndez, se espera que dure más de un mes.

Sin un cuerpo, pruebas forenses, testigos o confesiones, el estado se enfrenta a retos inusuales. La gestión de la fiscalía probablemente se centrará en los inconsistentes relatos de Graham sobre el paradero de Rilya --y en una informante encarcelada que afirma que la mujer le confesó haber asfixiado a la niña.

Rilya nació de una madre adicta al crack, y en el 2000 vivía con Graham y su pareja doméstica, Pamela Graham, bajo la supervisión del DCF.

Su nombre era un acrónimo de la frase en inglés “Remember I Love You Always” (Recuerda que siempre te amo).