Cuando los propietarios de Jungle Island amenazaron este verano a la Ciudad de Miami con no pagar una deuda multimillonaria al gobierno federal, insistieron en que habían cumplido con los requisitos de crear cientos de trabajos.
Pero esto no era cierto, según un borrador de una auditoria independiente de la Ciudad de Miami.
Jungle Island debía crear al menos 714 empleos de tiempo completo con el préstamo de $25 millones que recibió hace más de una década para establecer el parque zoológico en Watson Island, bajo las reglas del programa de subvenciones comunitarias (CDBG) del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD).
En el momento de la auditoría la empresa sólo tenía 426 empleados.
Al no mantener el mínimo de 714 trabajos de tiempo completo, Jungle Island no está cumpliendo con las regulaciones de CDBG que gobiernan estos préstamos, indica un borrador de la auditoria, obtenido por El Nuevo Herald y The Miami Herald.
Esta no fue la única promesa rota. A fin de recibir otro préstamo de $800,000 de la Ciudad de Miami en el 2008, Jungle Island se comprometió a que al menos el 51 por ciento de sus empleados serían residentes de barrios pobres o de clase media. Hace un año, Jungle Island aseguró que el 97 por ciento de sus empleados eran de bajos o medios ingresos.
En realidad, apenas el 5 por ciento de los empleados califica con este requisito, según calcularon los auditores, que compararon las direcciones de unos 201 empleados con las zonas consideradas de bajos o medios ingresos.
Bern Levine, uno de los propietarios de Jungle Island, dijo que no está de acuerdo con las conclusiones de la auditoría, la cual aún no había leído.
Claro que no, dijo Levine. Nuestros empleados definitivamente son de zonas de bajos ingresos. También hemos comisionado nuestro propio estudio que indica que hemos producido unos 1,500 empleos en Miami.
Ese estudio del 2011, realizado por la firma Washington Economics Group Inc., afirma que Jungle Island es responsable por unos 1,325 trabajos directos e indirectos en Miami-Dade. Levine dijo que esta cifra incluye empleos en los sectores de turismo, como los hoteles.
No está claro cómo las conclusiones en el informe podrían impactar el préstamo de HUD. Algunos correos electrónicos a los que los diarios tuvieron acceso, indican que el auditor Theodore Guba ha pedido la opinión de Julie Bru, abogada de la Ciudad. El martes, Bru dijo que todavía no ha respondido a este pedido y que no podía comentar sobre la auditoría porque no ha sido publicada y porque se considera confidencial.
Una vocera de HUD en Miami dijo el martes que estaba averiguando sobre las posibles consecuencias de la falta de cumplimiento de los requisitos de creación de empleos. Mientras tanto, una vocera del Departamento de Viviendas Públicas y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade dijo que su agencia acababa de recibir un borrador de la auditoría y no podía comentar sobre sus conclusiones.
La Oficina del Auditor Independiente de la Ciudad empezó a investigar a Jungle Island en diciembre del años pasado a pedido de la Comisión. En esos momentos, los dueños de Jungle Island insistieron en que no tenían los recursos para pagar su deuda, culpando la recesión y los impactos al movimiento de tránsito por la excavación del Túnel al Puerto de Miami, entre otros factores por su mala posición económica.






























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