Ex jefe de cárceles castristas cae bajo la lupa federal

 

jtamayo@elnuevoherald.com

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos abrieron una investigación formal sobre si un ex jefe de cárceles provinciales de Cuba y su esposa, quienes viven ahora en Miami, mintieron en sus solicitudes juradas de visas y residencia en Estados Unidos, dijeron fuentes el martes.

Funcionarios de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) obtuvieron copias de las solicitudes presentadas por Crescencio Marino Rivero y Juana Ferrer para determinar si ellos revelaron sus servicios en el Ministerio del Interior de Cuba y su membresía en el Partido Comunista de Cuba.

Media docena de ex presos cubanos en la isla y en Estados Unidos han acusado a Rivero de abusar de ellos o de ordenar a guardias de las prisiones de que abusaran de ellos cuando él se encontraba a cargo de las cárceles en la provincia de Villa Clara en la década de 1990.

Pero la investigación formal se centra hasta el momento sólo en si Rivero y Ferrer mintieron en dos formularios estadounidenses jurados, dijo una fuente que conoce del caso y pidió conservar el anonimato porque no hay autorización para comentar públicamente sobre el asunto.

Rivero, de 71 años, se retiró del Ministerio del Interior en 1996 y se mudó a Miami con su esposa hace alrededor de dos años. Ellos se hicieron residentes acogiéndose a la Ley de Ajuste Cubano. Rivero no respondió a llamadas de El Nuevo Herald a su teléfono celular.

Los dos documentos clave de inmigración que Rivero y Ferrer tuvieron que firmar bajo juramento fueron una Solicitud de Visa de Inmigración e Inscripción de Extranjeros, así como un formulario I-485, titulado Solicitud para Registrar Residencia o Ajustar Estatus.

El I-485 pregunta a los solicitantes si han sido alguna vez miembros de un partido comunista o trabajado en “una cárcel, campamento de prisioneros, centro de detención, campamento de trabajos forzados u alguna otra situación relacionada con detener personas”. También les pregunta si alguna vez recibieron entrenamiento de uso de armas o si sirvieron en una “unidad militar, unidad paramilitar (o) unidad policial”.

Responder afirmativamente a estas preguntas podría haber provocado pesquisas posteriores por parte de las autoridades estadounidenses, y podría haber complicado o demorado el procesamiento de las solicitudes de Rivero y su esposa, dijo el abogado de inmigración de Miami Santiago Alpízar a principios de mes.

Los oficiales del Ministerio del Interior tienen grados militares, visten de uniforme y reciben entrenamiento de uso de armas. Rivero tenía el grado de coronel, y se ha dicho de Ferrer que tenía un grado de capitana o coronela en el Ministerio.

Extranjeros que mienten en formularios jurados de Estados Unidos pueden ser acusados de perjurio, y de ser hallados culpables pueden ser puestos en proceso de deportación. Pero La Habana no acepta a la mayoría de los cubanos cuya deportación se ordena en EEUU.

Eriberto Mederos, quien supuestamente torturaba a disidentes cubanos en un hospital psiquiátrico de La Habana, fue hallado culpable por un jurado federal de Miami en el 2002 de haber mentido en su solicitud de ciudadanía estadounidense. Mederos murió pocas semanas después del veredicto como consecuencia de un cáncer de próstata.

Hablando con periodistas poco después de que El Nuevo Herald reportara por primera vez su presencia en Miami, Rivero negó las acusaciones de abuso pero pareció admitir que no había informado a los funcionarios estadounidenses de su servicio en el Ministerio del Interior.

Las solicitudes de visa presentadas a la misión diplomática de EEUU en La Habana “los hizo un tramitador en Santa Clara. En ese momento estaba 14 años fuera del MININT, no le di importancia”, dijo Rivero.

En cuanto a las solicitudes I-485, él añadió: “Aquí tampoco me lo preguntaron. Los documentos para presentar la residencia los hizo una agencia que se dedica a eso”.

No se sabe si Rivero y su esposa fueron además entrevistados en persona por funcionarios federales de inmigración en el sur de la Florida cuando presentaron sus solicitudes I-485, si se les hizo preguntas clave en esa entrevista ni si respondieron con la verdad.

En un correo electrónico enviado a El Nuevo el mes pasado, Rivero dijo que él estaba dispuesto a testificar “a la fiscalía, a inmigración o a la corte si así me lo solicitaran, sobre la forma legal en que ingresé a este país y resido en él”.

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