El Pacto de Bogotá fue firmado en la capital colombiana en 1948 por naciones del hemisferio en el marco de una conferencia de la Organización de los Estados Americanos. Por ese tratado varios países reconocieron la competencia de la Corte de La Haya para dirimir las controversias de orden jurídico que surgieran entre las partes.

“La decisión que he tomado obedece a un principio fundamental: los límites entre los Estados deben ser fijados por los propios Estados. Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los Estados no deben quedar en manos de una corte sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados mediante tratados “, dijo Santos al inicio de un foro del gremio de los cafeteros en Bogotá.

Más tarde en la sede del Ministerio del Exterior, la canciller María Angela Holguín declaró que “Colombia sigue vinculada a sus obligaciones internacionales en materia de solución pacífica de controversias de conformidad con otros acuerdos internacionales, los que de ninguna manera se verán afectados”.

Expertos consultados por la AP no coincidieron en los efectos que tendrá la decisión anunciada por el mandatario pero resaltaron que se trata de un tema político y que nadie vislumbra un enfrentamiento entre ambas naciones.

Algunos destacaron que el fallo de La Haya sigue vigente y que no hay posibilidad de revertirlo, mientras otros indicaron que Colombia puede dar la pelea y llevar el pleito a las Naciones Unidas.

El abogado Rafael Nieto Navia explicó que el retiro de Colombia del pacto no tiene efectos sobre pasadas decisiones sino sobre futuras y que ahora un país del hemisferio no podrá demandar a Bogotá ante la Corte.

“Por supuesto que es para evitar futuros problemas. Si lo hubiéramos hecho en esa época (en los años 90) nos hubiéramos evitado todo esto” del fallo sobre Nicaragua, dijo Nieto Navia, uno de los seis integrantes de una comisión creada por el gobierno de Santos para analizar las posibilidades de acción frente al dictamen de la Corte en el caso con Managua.

Pero para el experto en asuntos internacionales Vicente Torrijos, profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá, el retiro es de hecho el desacato de facto del fallo.

Si Nicaragua, agregó Torrijos, decide llevar a Colombia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para obligar a Bogotá a cumplir la decisión del 19 de noviembre, “entonces nos movemos en el plano diplomático, tenemos amigos y podemos conseguir que veten ese pedido”.

La experta en asuntos internacionales Laura Gil expresó que recién en un año se hará efectivo el retiro de Colombia del pacto.

“Lo que acaba de decidir el gobierno de Juan Manuel Santos no evita la obligación de acatamiento del fallo. Los efectos de la denuncia se dan un año después de depositada… El año que viene muchos países podrán poner una demanda (contra Colombia)”, dijo Gil.

Además destacó que “existen más de 120 tratados multilaterales muchos de los cuales Colombia los ha ratificado, que contemplan la competencia de la Corte Internacional de Justicia y mi pregunta para la cancillería es: ¿se van a retirar también de esos?”.