Los Ángeles (EEUU)- -- Consideradas potencialmente perjudiciales por la comunidad médica, las llamadas “terapias reparadoras” diseñadas para revertir la homosexualidad luchan por su existencia en los tribunales de EEUU, avaladas por los testimonios de quienes se “curaron” y atacadas por quienes las padecieron.

El próximo 1 de enero, si los jueces no lo impiden, California se convertirá en el primer estado del país que prohibirá cualquier tratamiento destinado a cambiar la inclinación sexual de un menor de 18 años.

Ese día entrará en vigor la ley SB-1172, denominada “Sexual Orientation Change Efforts”, aprobada por el gobernador Jerry Brown el pasado 30 de septiembre y promovida por el senador Ted Lieu, que ha sido calificada de “histórica” por unos y una “flagrante violación de libertades” por otros.

Los críticos con la medida, liderados por la organización conservadora Liberty Counsel, recurrieron la normativa en una corte federal de Sacramento donde el viernes se celebrará una vista para valorar si resulta procedente suspender temporalmente su aplicación.

“Creo que tenemos un caso sólido”, aseguró a Efe el fundador de Liberty Counsel, Mathew Staver, para quien la SB-1172 esconde una motivación “política que nada tiene que ver con la ciencia”.

Los detractores de esa ley insisten en que se trata de una intromisión en el derecho de los ciudadanos, al impedir que quienes “experimentan de forma indeseada una atracción por personas del mismo sexo” puedan recibir un asesoramiento acorde con sus “creencias morales y religiosas”.

El pilar fundamental de la nueva ley es un informe elaborado por la American Psychological Association (APA) en 2009 en el que se citan la depresión, la tendencia suicida y la ansiedad como efectos negativos de las “terapias reparadoras”.

El comité encargado de redactar el estudio no ocultó su frustración por la ausencia de datos rigurosos que permitieran determinar sin lugar a dudas hasta qué punto son o no perjudiciales esos tratamientos, al tiempo que constató la existencia de pacientes que dejaron de ser gays y continuaron su vida como heterosexuales.

En sus conclusiones, no obstante, la APA desincentivó la práctica de esas terapias por considerar que hay “insuficientes evidencias” que las justifiquen y debido a que la homosexualidad “no es una enfermedad mental” sino una variación “positiva” de la sexualidad del ser humano.

Staver desacreditó ese informe que, desde su punto de vista, fue realizado por personas favorables a la homosexualidad por lo que el resultado del mismo “estaba predeterminado”.

El abogado Christopher Stoll, que representa al National Center of Lesbian Rights en defensa de la SB-1172 en el juicio del viernes, insistió en que los tratamientos contra la homosexualidad “no funcionan” y suponen un “riesgo serio especialmente para los jóvenes”.

Según explicó, los menores tienen una probabilidad ocho veces más elevada que el resto de la población de suicidarse cuando se encuentran con el rechazo familiar y esas “terapias les dicen que hay algo erróneo en ellos y tienen que cambiar”.