Activistas y opositores reunidos en la llamada “Plataforma Internacional para los Derechos Humanos en Cuba” criticaron abiertamente la reciente decisión de la Unión Europea (UE) de negociar y debatir la posibilidad de un nuevo marco de acción con el gobierno cubano.

La medida podría abrir las puertas a una normalización de las relaciones bilaterales en el mediano plazo y superar la llamada “posición común” que rige la política con la isla.

“Esta decisión (…) no es adecuada, es lamentable y tiene lugar en el peor de los momentos”, señaló la Plataforma en un comunicado enviado a El Nuevo Herald.

Entre otros puntos, denunció el hecho que la intensidad de la represión no solo “ha aumentado significativamente en Cuba en los últimos dos años” sino que el régimen continúa ejerciendo una política de cero tolerancia contra las voces disidentes.

“No ha dado señales de estar dispuesto a poner fin a la violación sistemática de los derechos humanos de sus ciudadanos ni de cambiar su política hacia los miembros de la oposición democrática y pacífica”, puntualizó el comunicado.

La Plataforma fue creada con el propósito de exponer y desarrollar una estrategia internacional para Cuba en materia de derechos humanos.

Los firmantes del comunicado son siete miembros de la Junta de Directores de la Plataforma. Incluye a su coordinador internacional, Eduardo Pérez Bengochea, y Martin Palous, ex portavoz de Charta 77. También aparecen Guillermo Fariñas, Premio Sajarov del Parlamento Europeo 2010, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Elizardo Sánchez Santa Cruz, director de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, radicada en La Habana.

“En los próximos meses nos acercaremos a los gobiernos de los estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo y a otros órganos de la UE para defender nuestra posición, mostrar los hechos y pedir respuestas a nuestras interrogantes”, indicó el comunicado.

El acuerdo de la UE de abordar un proceso de carácter gradual responde al pedido de algunos países miembros del bloque europeo que se mantienen “sensibles” a la idea de una plena normalización de las relaciones con La Habana. Entre otras razones debido a las consistentes denuncias sobre maltratos y detenciones indiscriminadas.

La posición común fue impulsada en 1996 por el gobierno conservador de España, que en ese momento estaba a cargo de José María Aznar.

Las denuncias sobre operativos policiales, vigilancia contra activistas y arrestos temporales en Cuba coinciden con informes independientes que señalan un incremento de acciones represivas en toda la isla. Grupos de derechos humanos han registrado más de 520 detenciones por motivos políticos durante el mes de octubre y noviembre.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reclamaron al gobierno de Raúl Castro garantías para la sociedad civil por la ola de arrestos masivos y actos de hostigamiento.