MIAMI -- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina expresando su preocupación por la próxima la aplicación de dos artículos de una polémica Ley de Medios, informó el organismo el jueves.

El presidente de la SIP, Jaime Mantilla, director del diario ecuatoriano Hoy, dijo en un comunicado enviado en Miami, sede de la organización patronal de medios, que envió una carta el 26 de noviembre al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en la que se expone la preocupación sobre la “actitud de presión sobre otro Poder del Estado” y los efectos negativos que podría provocar al estado de derecho.

La carta de la SIP expresa su esperanza de que “cualquier intento de avance de hecho sobre medios argentinos encuentre el freno adecuado y oportuno en las instituciones democráticas llamadas a ser un contrapeso de cualquier desvío autoritario”.

La misiva centra su inquietud en los anuncios públicos del Poder Ejecutivo argentino orientados a “avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales de medios de comunicación a partir del próximo 7 de diciembre, al margen de las decisiones judiciales”.

El gobierno de Cristina Kirchner y el grupo de multimedios Clarín, el más grande de Argentina y uno de los mayores de América Latina, mantienen una disputa por la aplicación de la ley de Servicios Audiovisuales, sancionada en 2009, que obliga a los grandes grupos mediáticos a desprenderse de varias licencias de radio y televisión antes del 7 de diciembre.

Según la SIP, pese a que “el juicio de fondo sobre inconstitucionalidad de dos artículos de la ley aún no tiene sentencia, y a que tampoco ha sido resuelto un pedido de prórroga de una medida cautelar solicitado por una de las empresas afectadas -habilitada por un fallo de la Corte-, el gobierno ha anunciado que ese día piensa actuar de hecho”, precisó la carta.

“Nos inquieta la posibilidad de que se produzca un virtual estado de indefensión judicial. No podemos soslayar que en las últimas semanas se ha producido el desplazamiento de numerosos magistrados, a instancias del Poder Ejecutivo”.

La SIP apuntó que observa con alarma “cómo esta situación podría dañar obviamente a los medios involucrados, pero fundamentalmente al estado de derecho, a la división de poderes y, sobre todo, a la diversidad de voces y la libertad de expresión en la Argentina, ya que los medios podrían ser quitados a sus actuales titulares sin que la Justicia aún se haya expedido sobre la constitucionalidad de esta polémica norma”.