Santo Domingo -- Amnistía Internacional (AI) consideró el viernes que las autoridades dominicanas tienen la “oportunidad histórica” de reformar profundamente la Policía Nacional e impedir “arrestos arbitrarios, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, dijo hoy la entidad en un comunicado.

Representantes de esa organización se reunieron con el presidente del país, Danilo Medina, a quien entregaron un documento con sus propuestas de cara a la reforma de la Policía Nacional anunciada por el mandatario en su toma de posesión en agosto.

“El éxito o fracaso del Gobierno del presidente Medina dependerá del éxito o fracaso de la reforma de la Policía Nacional, que es la pieza central de una política de seguridad ciudadana coherente con los derechos humanos que la República Dominicana se comprometió a respetar,” dijo a periodistas el asesor de AI Javier Zúñiga.

Afirmó que los “homicidios del estudiante William Florián y la profesora Ángela Moquete Méndez durante unas manifestaciones y la ejecución extrajudicial por parte de la Policía Nacional de presos que supuestamente habían escapado de la cárcel de San Francisco de Marcorís (norte) recalcan la necesidad inmediata de una reforma integral y profunda de la institución”.

Zúñiga consideró “alentadoras” las intenciones del gobernante de reformar la institución y pidió la participación de la sociedad civil en el proceso.

“La situación actual de la Policía Nacional y el nivel de abusos que están cometiendo es insostenible y requiere acción inmediata”.

AI recomienda que en la reforma se tenga en cuenta que la Policía ha de estar bajo la supervisión del Ministerio de Interior y no del presidente y que la ley de reforma especifique que los agentes rindan cuentas a título personal de su propia conducta ante sus supervisores.

También aconseja que se describan las funciones de los órganos de control interno de la Policía y que las infracciones penales de sus miembros sean enjuiciadas por la justicia ordinaria y no por tribunales especiales.

Se deben establecer reglas que garanticen los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad para el uso de la fuerza y fijar la responsabilidad civil de la Policía como institución y del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes durante el desempeño de sus funciones, considera AI.

La investigadora de equipo del Caribe de AI Chiara Liguori indicó que la actitud del presidente al incluir en su agenda de gobierno la reforma policial es alentadora. Sin embargo,“nos preocupa que puede llevar años y mientras tanto pueden seguir produciéndose violaciones de derechos humanos”, comentó.

“Le hemos dicho (al presidente) que con voluntad política se pueden parar muchos abusos” y que para ello no es necesario esperar a que finalice el proceso de reforma, agregó.

Liguori, por otra parte, resaltó el cambio que AI percibió con respecto a la actitud de las autoridades hace un año, cuando presentó un informe sobre los abusos cometidos por la Policía.

Según ella, entonces había una “negación casi total del problema”, mientras que ahora “hasta el presidente ha reconocido que hay crímenes al interior de la Policía y hay que cambiar. Y esto, entonces, es bueno, esperamos resultados concretos”, apostilló.