Ex represor cubano residente en Miami retorna a la isla

 

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Crescencio Marino Rivero, el ex jefe de prisiones de Cuba que se mudó a Miami, regresó a la isla en medio de acusaciones de que abusó de presos y una investigación federal de inmigración que podría ponerlo en la cárcel, de acuerdo con informes dados a conocer el viernes.

El periodista disidente Jorge Luis Artiles Montiel dijo que vio el martes a Rivero en su ciudad natal de Santa Clara, en una tienda de víveres cerca de donde Rivero y su esposa, Juana Ferrer, vivieron antes de dejar el país hace dos años.

Rivero dijo a los conocidos en la tienda que la pareja regresó el lunes a Cuba “porque estaba muy difícil la situación en Miami”, declaró Artiles a El Nuevo Herald. Rivero agregó que ellos planean pasar algún tiempo en Cuba y regresar más tarde a Miami.

Una investigación de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos sobre Rivero, de 71 años, y Ferrer podría haber llevado a su arresto y juicio si ésta mostraba que mintió en sus solicitudes juradas de visas y residencia de EEUU.

Su hija, Anabel Rivero, que vive en Miami, negó que sus padres hayan regresado a Cuba, pero declinó hacer más comentarios. El telefono de su padre en Miami se desconectó y una mujer que respondió el viernes en la puerta de su apartamento sólo dijo que ellos no estaban allí.

Santiago Alpízar, un abogado de inmigración de Miami, dijo que tenía dos fuentes confidenciales que le dijeron que Rivero estaba de regreso en Santa Clara. Artiles dijo que otro residente de la ciudad también informó haberlo visto el jueves, pero no quería ser identificado.

Artiles, quien dijo que conocía a Rivero por sus cuatro estancias en prisión que totalizaron 13 años, afirmó que vio al ex jefe de prisiones en la bodega del vecindario donde Rivero y Ferrer compraban antes de mudarse a Miami.

Rivera no explicó su referencia a la “difícil” situación en Miami, dijo Artiles, pero varios residentes del vecindario ya han visto un programa de televisión de Miami sobre las acusaciones en su contra, que se pasa de mano en mano en una memoria flash USB.

El siguió después a Rivero al vecindario de Santa Clara conocido como Cardoso y se le dijo posteriormente que la pareja se está quedando con un pariente en la zona, agregó Artiles, un periodista disidente que escribe en la agencia noticiosa independiente Cubanacán.

Seis ex prisioneros políticos en la isla y en el extranjero han acusado a Rivero de abusar de ellos u ordenar a los guardias de la prisión que abusaran de ellos cuando él estaba a cargo de las prisiones en la provincia de Villa Clara en la década de 1990. Santa Clara es la capital de la provincia.

Rivero ha negado las acusaciones de abusos, pero parecia haber admitido este mes ante periodistas de Miami que él y su esposa no revelaron sus antecedentes completos en los formularios jurados que presentaron cuando aplicaron para sus visas y residencias de EEUU.

Uno de los formularios pregunta si los solicitantes habían trabajado alguna vez en “una prisión, una cárcel, un centro de detenciones, un campo de labores o cualquier otra situación que involucraba detener personas”, perteneció a cualquier Partido Comunista, recibió entrenamiento de armas o sirvió en una “unidad paramilitar”.

Rivero fue un coronel y su esposa una capitán o una coronel en el Ministerio del Interior, a cargo de la seguridad interna. Los agentes del Ministerio tienen rangos militares, usan uniformes y muchos portan armas cortas. Rivero se retiró del ministerio en 1996, se mudó a Miami con su esposa hace dos años y se convirtieron en residentes bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Funcionarios del ICE han obtenido copias de esas formas para determinar si la pareja reveló todos los detalles requeridos sobre su servicio en el Ministerio del Interior. Ambos también eran miembros del Partido Comunista.

Después que su controversial presencia en Miami se hizo pública el mes pasado, Rivero declaró que estaba dispuesto a testificar a “la fiscalía, a inmigración o a la corte si así me lo solicitaran, sobre la forma legal en que ingresé en este país y resido en él”.

Las investigaciones federales de inmigración de extranjeros acusados de abusos a los derechos humanos no terminan normalmente si los objetivos salen de los Estados Unidos, para el caso en que éstos regresen, dijo un funcionario con conocimiento de investigaciones sobre derechos humanos.

Rivero y su esposa pudieron ser arrestados y juzgados por perjurio, pero al final hubieran tenido que ser dejados en libertad porque Cuba no acepta a la mayoría de los deportados que vienen de EEUU, y los jueces estadounidenses no permiten detenciones indefinidas.

Luis Enrique Daniel Rodríguez, detenido en el 2004 por sospecha de participar en la tortura de disidentes cubanos, fue liberado después de 13 meses en una instalación de inmigración.

Jorge de Cárdenas Agostini, detenido en junio del 2004 por acusaciones de que supervisó a un grupo de torturadores en Cuba y mantenido en el centro de detención Krome en West Miami-Dade, fue puesto en libertad supervisada el siguiente febrero.

Y en el 2002, un jurado federal en Miami encontró culpable al exiliado cubano Eriberto Mederos de mentir en su solicitud de ciudadanía al ocultar su participación en la tortura de disidentes políticos con electrochoques cuando trabajaba como camillero en un hospital psiquiátrico en La Habana. Mederos murió de cáncer en la víspera de su sentencia.

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