La combativa comisionada Michelle Spence-Jones, de la ciudad de Miami, ha lanzado una ofensiva legal contra el alcalde Tomás Regalado y la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, acusándolos de conspirar para destruir su carrera política cuando Rundle acusó dos veces a la comisionada de corrupción política.

En una demanda federal presentada el lunes, los abogados de Spence-Jones acusan a Fernández Rundle, al fiscal principal Richard Scruggs y a un investigador del abogado del estado de fabricar evidencia y engañar a testigos clave —incluyendo al urbanizador Armando Codina y a la ex comisionada del condado, Barbara Carey Shuler— para respaldar sus causas penales, finalmente sin éxito.

Spence-Jones fue absuelta en un caso. Los cargos fueron retirados en el segundo juicio.

La demanda alega que el objetivo de Fernández Rundle equivalía a “un plan terrible y nefasto” para eliminar a Spence-Jones de la comisión de la ciudad (2009-11) como un favor a Regalado, aliado de la fiscal estatal, de modo que Spence-Jones, rival de Regalado, pudiera ser reemplazada por otro político para representar a la comunidad negra de Miami en el Distrito 5.

En la demanda se afirma que Fernández Rundle y su oficina “fabricaron pruebas falsas, escondieron y retuvieron evidencia exculpatoria, intimidaron y manipularon a testigos, difamaron a Spence-Jones, y en repetidas ocasiones trataron de manipular el proceso político, en un intento corrupto de eliminar, detener, encarcelar y arruinar para siempre a una entregada servidora pública de Miami”.

Y cuando Spence-Jones se impuso en los dos casos, “Fernández Rundle y su equipo encubrieron su propia iniquidad, acusando de manera temeraria y falsa (a la comisionada de la ciudad) y a su muy respetado abogado defensor de aún más crímenes ante el mundo entero”, afirma la demanda de 106 páginas.

La demanda de Spence-Jones, al estilo de una acusación por crimen organizado, alega que los acusados ​​violaron sus derechos civiles. Ella pide compensaciones por daños y punitivas, no especificadas.

Fernández Rundle, en una declaración preparada el lunes, dijo: “Vamos a revisar la reclamación y le daremos respuesta y la impugnaremos en el momento oportuno y de la manera apropiada”.

Regalado dijo el lunes que la demanda lo había sorprendido, porque no había sido notificado, y lo único que sabía era lo que había leído en el sitio en internet de The Miami Herald.

“Esto es un asunto entre ella y la fiscal estatal”, dijo el alcalde, agregando que estaba “poco ofendido” por la política de Spence-Jones.

El contraataque de Spence-Jones alimenta el drama legal y político que ha dominado su vida casi desde su elección a la comisión de la ciudad, en el 2005. Spence-Jones representa a Overtown, Liberty City y el Pequeño Haití. Fue arrestada por primera vez en noviembre del 2009, acusada de robo en mayor cuantía en sus días como ayudante de la ciudad.

La investigación se centró en $75,000 en subvenciones del Fideicomiso para el Planeamiento de Acciones de Miami-Dade (MMAP), una agencia cuasi condal que administra los subsidios a grupos comunitarios. En septiembre del 2004, Barbara Carey-Shuler, entonces presidenta de la comisión del condado, indicó a la agencia que otorgara subvenciones de $25,000 a tres grupos.