EL CAIRO -- El presidente egipcio, Mohamed Mursi, ha anulado este sábado un decreto promulgado el pasado mes que ampliaba y blindaba sus poderes, dijo una fuente oficial en una conferencia de prensa en El Cairo.

“El decreto constitucional queda anulado a partir de ahora”, dijo el político islamista Selim al Awa, al dar cuenta de las conversaciones entre Mursi y líderes políticos.

El ejército también sostuvo conversaciones con el Presidente y le advirtieron que la situación en el país podría tener consecuenicas desastrosas.

El primer ministro, Hisham Qandil, declaró este sábado que un comité de seis expertos ha sido encargado de “modificar” el decreto del 22 de noviembre, por el que el presidente islamista extendió sus poderes y los colocó por encima de cualquier recurso de la justicia.

La decisión suscitó la peor crisis política desde su elección como jefe de Estado a fines de junio.

Los seis expertos, que son juristas y personalidades políticas, “están reunidos para redactar un nuevo texto que podrían terminar esta noche (del sábado) o mañana (domingo) por la mañana”, precisó Qandil al canal privado Al Mehwer.

.Sin embargo, el polémico proyecto de Constitución será sometido a referendo el 15 de diciembre, tal como preveía el presidente, ya que una modificación de la fecha es legalmente imposible, afirmó Al Awa.

“El Presidente estuvo presente durante toda la reunión y ha afirmado que aceptaba y que se comprometía a respetar las decisiones tomadas”, aseguró Selim al Awa.

En las últimas dos semanas, la oposición pidió la anulación del decreto y la postergación de la consulta constitucional.

El decreto presidencial del 22 de noviembre, por el que el jefe de Estado islamista extendió sus poderes y los colocó por encima de cualquier recurso de la justicia, provocó una ola de protestas en Egipto, acompañada de manifestaciones que el miércoles dejaron siete muertos en la capital.

La oposición también atacó el proyecto de Constitución, redactado por una comisión dominada por los islamistas.

Los opositores estiman que el proyecto actual abre la vía a una fuerte islamización de la legislación y no brinda garantías sobre las libertades, en particular las de expresión y religión.