MEXICO -- Un grupo de personas detenidas momentáneamente el 1ro de diciembre, en la represión de la protesta contra la asunción del presidente Enrique Peña Nieto, exigieron el sábado una “disculpa pública” del gobierno de Ciudad de México por los abusos con que, dicen, actuó la policía.
En una carta dirigida al alcalde de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, un grupo de ciudadanos que aseguran haber sido detenidos el sábado pasado sin razón y con violencia pidieron “una disculpa pública por estas arbitrariedades” y exigieron “la liberación inmediata” de las 69 personas que siguen presas.
María Guadalupe Castillo, quien junto con su hija Fernanda Preciado fueron arrestadas momentáneamente durante la manifestación, leyó la carta dirigida a Mancera en una conferencia de prensa organizada el sábado por familiares de presos y sus abogados.
La protesta contra Peña Nieto, que inició en los alrededores del Palacio Legislativo, degeneró cuando personas armadas con cohetes y bombas Molotov iniciaron una batalla campal contra policías federales, quienes respondieron con gas lacrimógeno y, según dijo un paramédico a la AFP, incluso con disparos de balas de goma.
Por otro lado, en el centro de la capital mexicana un grupo de personas atacó tiendas, bancos, hoteles de gran turismo e inmuebles, causando pérdidas millonarias.
La policía capitalina detuvo a 96 personas, de las cuales 69 siguen presas, confirmó este sábado a la AFP la fiscalía de Ciudad de México, aunque el jueves, la Comisión de Derechos Humanos de esa urbe aseguró en un comunicado que eran 70 las personas arrestadas, “11 mujeres y 59 hombres”.
Familiares y abogados de los detenidos reiteraron que muchos de ellos ni siquiera participaban de las manifestaciones y fueron arrestados por policías vestidos de civil, muy lejos de donde estaban ocurriendo los disturbios.
Los 69 presos están acusados de “alterar la paz social”, un delito grave que puede significar años de cárcel. El domingo la justicia determinará si son liberados o encarcelados definitivamente.
Las protestas dejaron además cerca de un centenar de lesionados, entre ellos Juan Uriel Sandoval, de 22 años, quien perdió un ojo; y Francisco Kuy, de 67, quien se encuentra en coma inducido por traumatismo craneoencefálico.
Pese a que medios locales publicaron fotografías y videos en los que aparecen policías disparando armas compatibles con balas de goma, el encargado del despacho de Seguridad Pública federal, Manuel Mondragón, y el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, negaron el uso de ese armamento.






























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