LA PAZ, Bolivia -- Un empresario estadounidense que lleva 18 meses en una sombría cárcel de Bolivia atrapado en una trama judicial surrealista acaba de destapar el mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Evo Morales.

Nadie escuchó las quejas de Jacob Ostreicher, un judío ortodoxo de Nueva York acusado de lavar dinero del narcotráfico, de que era víctima de extorsión y robo por parte de sus acusadores hasta que el actor y activista Sean Penn intercedió por él ante Morales durante un encuentro el 30 de octubre.

“Le llevé la evidencia al presidente y el presidente fue muy sensible”, dijo Penn a The Associated Press el domingo vía telefónica desde Haití, donde funge como embajador de buena voluntad. Y comentó que la investigación fue “excelente”.

El Ejecutivo ordenó una investigación expedita del Ministerio de Gobierno que descubrió una red mafiosa de altos funcionarios, fiscales y jueces que manipulaban la justicia para esquilmar a sus víctimas sin previo juicio. No obstante, el caso no ha provocado la renuncia de ningún ministro.

En casi 7 años de gobierno, Morales ha salido a flote de otros escándalos, pero el de Ostreicher develó una justicia corrupta, manipulada y atemorizante, ha dicho el fin de semana el cardenal católico Julio Terrazas.

Ostreicher, de 54 años, llegó en el 2011 para invertir en la agroindustria, pero su socia adquirió tierras de un narcotraficante extraditado a Brasil. Según dijo, los fiscales nunca solicitaron pruebas de la legalidad de su dinero y en los 18 meses que lleva en prisión preventiva no presentaron una acusación formal.

Nunca pagó los $50,000 que le exigían funcionarios del Ministerio de Gobierno para facilitar su libertad y que en 26 ocasiones frustraron su audiencia de excarcelación. Ni siquiera su deteriorada salud y una huelga de hambre en prisión conmovieron a sus acusadores.

El cerebro de la “banda de extorsionadores” era el director jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera. Abogados, funcionarios medios, fiscales y jueces eran cómplices, ha denunciado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a quien Morales encargó la investigación.

Otros funcionarios corruptos vendieron arbitrariamente 18 toneladas de arroz y ganado y alquilaron para beneficio propio la maquinaria agrícola que las autoridades incautaron temporalmente a Ostreicher mientras es investigado, según las indagaciones.

Rivera casi siempre asistía a las audiencias de sus víctimas y presionaba para detenerlas hasta que cedían a las extorsiones.

La socia de Ostreicher, Liliana Rodríguez, denunció que la banda le pidió $30,000 para cambiarlo de penal debido a problemas de salud. La hija de un ex ministro opositor dijo haber pagado $20,000 para que su padre, procesado por desvío de fondos públicos, deje la cárcel para recibir atención médica. Guillermo Fortún, jefe de un partido de derecha, murió en septiembre a los 73 años por un paro cardíaco. Su salud desmejoró en el penal. Tampoco tuvo una condena.

Rivera y sus cómplices, entre ellos el director de gestión Pública del Ministerio de la Presidencia, José Manuel Antezana, extorsionaban a través de esbirros y casi siempre una mujer cobraba las coimas.