ASUNCION, PARAGUAY -- Alrededor de un millar activistas de grupos civiles y agrupaciones de izquierda marcharon este lunes en Asunción para exigir el esclarecimiento de la matanza de Curuguaty (noreste), que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo en junio.

Los manifestantes también reclamaron durante la protesta, que se realizó en coincidencia con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la investigación del asesinato el día 1 pasado del dirigente campesino Vidal Vega.

Unas 1,000 personas se congregaron esta noche en la plaza Uruguaya y, posteriormente, marcharon portando banderas y pancartas unas quince cuadras hasta el edificio de la Fiscalía, para concluir la manifestación con un acto ante el Panteón de los Héroes.

La Policía movilizó a 750 agentes, luego de que el ministro de Interior, Carmelo Caballero, advirtiera el pasado 5 de diciembre que podría haber infiltrados en la protesta que buscan la desestabilización del país.

“Todos somos infiltrados, siempre ocurre lo mismo, las autoridades buscan empañar y acallar las movilizaciones sociales y nos acusa de manera irresponsable”, ironizó en declaraciones a Efe una de las manifestantes, Claudia López.

La exigencia principal fue la investigación exhaustiva de la muerte de seis policías y once labradores el 15 de junio en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de “sin tierras” en una finca de Curuguaty.

Ese matanza fue el principal detonante del controvertido juicio político promovido por el Legislativo y que concluyó con la destitución de Lugo, el 22 de junio pasado.

Pidieron, además, que se investigue el asesinato de Vidal Vega, que trabajaba junto a los familiares de los campesinos que murieron en esa masacre y que fue asesinado a tiros por desconocidos el día 1 pasado a la puerta de su casa, también en Curuguaty.

La protesta se llevó a cabo el mismo día en que el representante residente de la ONU en Paraguay, el español Lorenzo Jiménez, exigiera el esclarecimiento de esos hechos durante un acto al que asistieron los miembros del Supremo y el presidente paraguayo, Federico Franco, quien ratificó su intención de cooperar en el caso.

El reclamo de Jiménez se sumó a los realizados con anterioridad por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras la matanza de Curuguaty, quince campesinos fueron detenidos y acusados de los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías “cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados”, mientras que los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron asesinados por “expertos tiradores” y no por los campesinos.

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, dijo hoy en declaraciones a periodistas que presentarán las conclusiones sobre la investigación antes del 18 de diciembre, fecha en que se cumple el plazo procesal de seis meses para realizar este trámite.