Cuando el general José Guillermo García llegó a Miami y pidió asilo en 1989, la guerra civil en El Salvador estaba en su punto más álgido pero se acercaba también a su fin.

Los acuerdos de paz entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), respaldada por Cuba, se firmaron en México en 1992, y para entonces García se había instalado ya en la ciudad de Plantation, en el Condado Broward. Probablemente esperaba una vejez tranquila, sin preocupaciones sobre las terribles atrocidades cometidas durante el conflicto bélico en su país.

Pero este lunes en la corte de inmigración de Miami, los fantasmas del pasado volvieron a atormentar a García, que actualmente tiene 79 años de edad.

El ex ministro de la Defensa de El Salvador compareció ante el juez de inmigración Michael Horn, quien decidirá si debe ser deportado debido a acusaciones de que estuvo implicado en la tortura y asesinato de guerrilleros, colaboradores y civiles durante la guerra civil que asoló al país centroamericano durante más de una década. Horn emitirá su decisión varias semanas o meses después del juicio que durará toda la semana.

Se espera que García testifique al final del juicio luego de por lo menos tres testigos del gobierno en su contra, incluyendo el ex embajador estadounidense en El Salvador, Robert White, y un médico salvadoreño, Juan Romagoza Arce, que dice que fue torturado en el cuartel de la Guardia Nacional salvadoreña a finales de 1979 y principios de 1980 cuando García era ministro de la Defensa. Los fiscales federales dijeron en la corte el lunes que White será el primer testigo el martes por la mañana, seguido de Romagoza en la tarde o el miércoles.

La abogada de inmigración de García, Alina Cruz, le pidió al juez que realizara el juicio a puerta cerrada para que así la prensa no pudiera cubrir las sesiones, pero el juez denegó la petición.

“El proceso de deportación fue iniciado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) bajo la tesis de que el general García ordenó, incitó, ayudó o participó en tortura y homicidios extrajudiciales”, según indica un comunicado del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, que representa a Romagoza.

Deportación de represores

Aunque el caso seguramente atraerá la atención de medios internacionales, García es sólo el ejemplo más reciente de un programa federal poco conocido para ubicar y deportar a presuntos represores extranjeros que residen en el país. El programa es emblemático del giro dramático en la política estadounidense hacia América Latina, que durante la época de la Guerra Fría buscaba apoyar a gobiernos y militares que combatían agresivamente a rebeldes y opositores de izquierda.

Desde el 2000, sin embargo, las autoridades migratorias han localizado a cientos de represores de varios países que residen en Estados Unidos, entre ellos miembros de una antigua unidad militar de la inteligencia hondureña conocida como Batallón 316.

Bill West, ex jefe de la Sección de Seguridad Nacional del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), dijo que varios artículos publicados en el diario Boston Globe en 1999 sobre la presencia de presuntos represores extranjeros en el país, sirvieron como inspiración para la creación del programa que actualmente está supervisado por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) a través de un grupo especializado en Washington llamado Unidad para la Identificación de Violadores de Derechos Humanos y Perpetradores de Crímenes de Guerra.