Acusado en una demanda federal la semana pasada por la comisionada Michelle Spence-Jones, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, ahora necesita el permiso de la Comisión para que la Ciudad pague por su defensa legal.

Regalado pedirá que la Comisión discuta el asunto durante la reunión del jueves.

“Es un enredo lo que se ha formado, pero a final del día los contribuyentes son los que pagan”, dijo el alcalde.

No será el único costo legal en el que la Ciudad podría incurrir en este caso.

Julie Bru, abogada de la Ciudad, ha recomendado que la Comisión también contrate a su propio abogado si requiere consejos legales sobre el litigio. Esa función normalmente corresponde a la oficina de la abogada de la Ciudad, sin embargo tanto Bru como otros miembros de su oficina están mencionados varias veces en la demanda presentada por Spence-Jones.

“La Oficina de la Abogada tiene un conflicto de interés”, escribió Bru en un memorándum a la Comisión y a Regalado la semana pasada.

Además, Bru podría requerir su propio abogado si tiene que servir como testigo en el caso y quiere consejos legales, explicó Regalado. Por su parte, el alcalde quiere ser representado por el abogado José Quiñón, quien se especializa en casos de corrupción pública. Quiñón recientemente representó a Regalado durante una investigación sobre problemas con las finanzas de su campaña del 2009.

Bajo las leyes estatales, los funcionarios públicos tienen el derecho de retener un abogado de defensa con fondos públicos cuando son demandados por las acciones tomadas en su capacidad oficial. El año pasado, por ejemplo, la Ciudad de Miami pagó unos $113,000 por los gastos legales de Spence-Jones, cuando se defendió de dos casos de corrupción pública presentados por la Oficina de la Fiscalía de Miami-Dade.

Spence-Jones fue absuelta en un caso y los cargos fueron retirados en el segundo.

El 3 de diciembre, más de un año después de que fuera reinstalada en su cargo, Spence-Jones presentó una demanda federal en la cual alega que sus derechos civiles fueron violados en el transcurso de los juicios de estos casos. La comisionada alega que Regalado y la fiscal Katherine Fernández-Rundle conspiraron juntos para destruir su carrera política y su reputación.

Según Spence-Jones, Fernández-Rundle la quería eliminar de la Comisión como un favor a Regalado, un aliado político.

Regalado calificó las alegaciones como “serias, pero absurdas” y dijo que no tiene nada que ver con los casos de la fiscalía.

“Su problema específico tiene que ver con la fiscal, pero me arrastraron a mí en esto y arrastraron a la Ciudad”, indicó.

Spence-Jones no respondió a una llamada de El Nuevo Herald el martes.

La Comisión tendrá una larga agenda el jueves, durante su última reunión del año. Los comisionados también escogerán un nuevo Secretario de la Ciudad entre tres candidatos. Dos de ellos, Dwight Danie y Todd Hannon, actualmente trabajan en la Oficina del Secretario de la Ciudad. La tercera, Pamela Latimore, es ex subsecretaria de la Ciudad.

Además, la Comisión votará sobre un plan de la Autoridad de Parqueo de Miami (MPA) para ampliar las zonas donde actualmente se cobra para estacionar en las calles.

Los comisionados también discutirán el estatus de la venta de unos $45 millones en bonos antes de enero, cuando se vence un préstamo que la Ciudad había sacado a fin de pagar su parte del costo de excavar el Túnel del Puerto de Miami. La semana pasada, funcionaros municipales dijeron que se había empezado el proceso de vender los bonos municipales a un grupo selecto de inversionistas y que el interés para la Ciudad será más bajo de lo que se había pronosticado originalmente. La venta se finalizará este jueves.