SAN SALVADOR -- Organismos que velan por los familiares de víctimas de conflictos armados afirmaron el miércoles que la Ley de Amnistía en la que se amparaban los militares para evitar ser juzgados por crímenes cometidos carece de validez con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se abre el camino para terminar con la impunidad en El Salvador.

La Corte Interamericana condenó el lunes a El Salvador por la matanza en 1981 de un millar de campesinos en “La masacre de El Mozote” y estableció el pago de indemnizaciones para los familiares de las víctimas, pero una Ley de Amnistía promulgada en 1993 ha impedido investigar y juzgar a los responsables.

Gisela de León, una de las principales abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), reconoció en entrevista a The Associated Press que la Ley de Amnistía ha sido el principal obstáculo para que algunas personas sean sancionadas por los crímenes del conflicto armado (1980-1992). El Centro representó a los familiares de las víctimas de El Mozote ante el tribunal regional.

Según de León, “lo que la Corte Interamericana dice en su sentencia es que la Ley de Amnistía carece de validez porque es contraria a la convención interamericana (y) eso quiere decir que no fue valida en ningún momento y por lo tanto tiene que dejar de ser un obstáculo”.

Con la sentencia de la Corte, “a partir de ahora ya la vigencia de la Ley de Amnistía deja de ser una excusa para no investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos hechos”, afirmó.

Señaló que el cumplimiento de la sentencia de la Corte es obligatorio para el Estado, pero no solamente para el Ejecutivo que encabeza el presidente Mauricio Funes, “que es el que da la cara”, sino que es obligatorio pata todos los Órganos del Estado que incluye a la Fiscalía, los jueces y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La sentencia dice que “los jueces y los magistrados están obligados a no aplicar la Ley de Amnistía en los casos del conflicto armado… Todos tienen que cumplir la sentencia y si no lo hacen van a tener otra vez que rendirle cuentas a la Corte Interamericana”, advirtió de León.

El rector de la Universidad Católica (UCA), el sacerdote jesuita Andreu Oliva, afirmó el miércoles a la AP que la sentencia de la Corte “es bien importante para ir rompiendo la impunidad en nuestro país y para que el gobierno (del presidente Mauricio Funes) sienta la presión para esclarecer todos esos casos de violaciones a los derechos humanos”.

Señaló que el fallo también abre el camino para investigar el asesinato del arzobispo monseñor Oscar Arnulfo Romero, perpetrado por un francotirador el 24 de marzo de 1981, así como la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas, ejecutado por militares el 16 de noviembre de 1989.

El sacerdote afirmó que la amnistía “no debe ser ya un impedimento para iniciar las investigaciones” y destacó que algunas de las masacres “no pueden ser cubiertas” porque fueron cometidas durante el gobierno del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), quien emitió la ley en 1993. La Ley de Amnistía “no impide la investigación, lo que impediría en todo caso, es que fueran llevado ante un tribunal, pero no la investigación en sí”.