TEGUCIGALPA -- La crisis política hondureña se agudizó el miércoles cuando los magistrados de la Corte Constitucional, destituidos de madrugada por el Congreso, dijeron en un comunicado que el legislativo, al irrumpir en el Poder Judicial, violentó la separación de poderes y alteró el orden constitucional.

“El congreso nos destituye del cargo pero hemos cumplido el cargo a cabalidad cumpliendo la legislación vigente. Hemos aplicado nuestro de trabajo de acuerdo a los preceptos”, escribieron los magistrados al calificar la destitución de “ilegítima, ilegal e injusta”.

“Es política”, añadieron.

Para los jueces, “el procedimiento de destitución no tiene fundamento legal alguno. Los fallos fueron dictados conforme a derecho, no tenemos funciones administrativas porque así lo dispuso el mismo Congreso de la Republica, el único encargado de funciones administrativas” y “se ha vulnerado el derecho a defensa y el derecho a ser oído y el debido proceso”.

El Congreso hondureño aprobó el miércoles por la madrugada la destitución inmediata de cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia después de que estos tomaron una decisión contraria a los intereses del gobierno de Porfirio Lobo, lo que provocó una crisis institucional que se gestaba desde hace días.

Con 97 sufragios a favor y 31 en contra, los legisladores aprobaron la destitución a las 4 de la mañana tras la lectura de un informe elaborado por una comisión y un largo debate.

“La conducta de los magistrados pone en peligro la seguridad ciudadana. Es manifiestamente contraria al interés del estado”, afirmó el diputado Jeffrey Flores, que presentó la moción que destituía a los miembros de la Corte.

El fiscal general de república, Luis Rubí, dijo que “el imperio de la fuerza de la mayoría por encima de la ley es inaceptable”, y añadió que “los fiscales de la republica están reunidos estudiando el caso. Nadie esta por encima de la ley, ni el presidente del Congreso ni el de la republica”.

Rubí también explicó que los fiscales “analizamos la responsabilidad de quienes han tomado esa decisión y si la hay nos vamos a pronunciar. Hemos solicitado al congreso que nos proporcione la información necesaria, la moción, el decreto, el acta de la sesión, lo estudiaremos y nos pronunciaremos”.

El presidente Lobo ha estado enfrascado en un enfrentamiento con los jueces de la Corte Suprema, a quienes acusa de atender poderosos intereses de negocios. Dice que la misma gente que depuso en su momento al presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado de 2009 ahora planea deponerlo a él.

Desde hace tiempo se considera que los jueces hondureños están vinculados íntimamente con la élite empresarial. En octubre, la Corte Suprema desestimó el plan de Lobo de construir ciudades privadas como una manera de atraer inversión y desarrollo económico, y la semana pasada declaró inconstitucional su plan de limpiar la Policía nacional, famosa por su corrupción.

Horas antes de aprobar la destitución, el Congreso también aprobó una ley de referendo para someter a voto popular dicho plan luego de que los tribunales lo bloquearon.