Bogota -- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que en su país ya no hay “falsos positivos”, en alusión a las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, un escándalo que salió a la luz en 2008, precisamente cuando él era ministro de Defensa.

“Es una vergüenza para el país y para las Fuerzas Armadas, pero por fortuna hoy, 2012, podemos decir que no hay una sola acusación de falsos positivos en este año. Ni una sola”, sostuvo Santos al comprometerse a buscar justicia para esas víctimas, que superan los 3.000 casos.

Santos prometió que su Gobierno estará “vigilante” al abogar porque esas ejecuciones extrajudiciales, que calificó de “tristísmo episodio” y sobre las que dio a entender se llevaron a cabo a sus espaldas cuando era ministro, “pasen a la historia”.

El presidente hizo esta aclaración en la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, que se celebra en Bogotá y que coincide con la reciente aprobación por el Senado del nuevo Fuero Militar, una polémica norma legal por la que se creará una justicia especial castrense y que afecta directamente a los uniformados acusados de esos crímenes.

El Fuero Militar, a falta de una sesión de conciliación de las dos Cámaras del Congreso, supondrá una modificación de tres artículos de la Constitución y ha recibido duras críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y Human Rights Watch por considerar que abre el camino a la impunidad.

La nueva justicia castrense, según el proyecto, se hará cargo de las infracciones cometidas en actos de servicio por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque algunos delitos de lesa humanidad seguirán en manos de la justicia ordinaria.

En el caso de los “falsos positivos”, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General deberán dirimir en el plazo de un año si van a parar a uno u otro tipo de justicia, lo que abre paso a una interpretación jurídica.

En ese sentido, el director para América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, alertó de que la reforma es un retroceso para los derechos humanos y expresó su especial preocupación por las ejecuciones extrajudiciales.

Esa práctica, que según la ONU ha sido “sistemática” en Colombia, la llevaron a cabo miembros de las Fuerzas Armadas con el objetivo de presentar logros en la lucha contra las guerrillas y ganarse el favor de sus superiores.