MONTEVIDEO -- Pese a que Uruguay es uno de los países con mejores índices de desarrollo de Latinoamérica, se está viendo desbordado por las altas tasas de sífilis congénita en recién nacidos, que quintuplican las recomendadas a nivel internacional pese al esfuerzo de las autoridades por combatir el fenómeno.

En el Hospital Pereira Rossell, la mayor maternidad pública del país, las cifras hablan por sí solas: el 4.3 por ciento de las embarazadas tratadas en 2011 en el centro presentaron la enfermedad, que se transmitió al 2.6 por ciento de los recién nacidos, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar el límite del 0.5 por ciento.

La preocupación ha llevado al gobierno uruguayo a tomar medidas urgentes como auditorías a centros privados y públicos, y un polémico decreto que obliga a las embarazadas con esta enfermedad a revelar la identidad de sus contactos sexuales a las autoridades médicas y policiales.

Este decreto acaba de ser rechazado públicamente por la Facultad de Medicina de la estatal Universidad de la República, uno de cuyos profesores, Hugo Rodríguez, opinó el sábado que la medida supone “correr el riesgo de que se perciba a los centros de salud como entes autoritarios”.

Su objetivo final es una meta “compartida por todos” pero “la sífilis es una enfermedad, no un delito”, destacó Rodríguez, más partidario de llevar a cabo medidas de “estímulo” para fortalecer “relación clínica con el sistema de salud” de las personas afectadas.

La sífilis es una enfermedad que se transmite por contacto sexual directo con una persona con un estadio precoz de la enfermedad, una patología que en muchos casos está asociada de forma concomitante con la infección por VIH.

En Uruguay la infección por VIH presenta una transmisión vertical a los recién nacidos en el sector.