Aunque el juicio de deportación contra el ex ministro de la Defensa de El Salvador, José Guillermo García, quedó inconcluso la semana pasada, la estrategia del gobierno federal quedó clara para convencer a un juez de inmigración en Miami a que ordene la expulsión del ex general por su presunta participación en actos de represión.

García, de 79 años, no mató o torturó personalmente a nadie, y quizá tampoco ordenó ningún asesinato o secuestro, pero nunca ordenó la investigación de ninguna de las numerosas atrocidades que ocurrieron durante el periodo en que fue ministro entre 1979 y 1983. Tampoco despidió o castigó a ningún militar por haber participado en masacres, secuestros o asesinatos extralegales. Por ende, García tiene responsabilidad directa por haber tolerado e incluso fomentado las atrocidades y por eso no merece seguir residiendo en Estados Unidos, de acuerdo con los fiscales.

Por su parte, la defensa indicó que el gobierno federal no puede probar nada contra García porque éste -aunque era ministro de la Defensa- no tenia realmente control total de las tropas porque las fuerzas armadas y de seguridad en El Salvador en aquella época estaban fragmentadas y contenían soldados renegados que no respondían a sus mandos naturales y se habían mezclado con asesinos que eran miembros de grupos paramilitares.

Que García se encuentre en esta situación, encarando la posibilidad de ser expulsado del país donde deseaba vivir por el resto de sus días, es emblemático del dramático giro en la postura de Estados Unidos en cuanto a política hacia América Latina.

Cuando los militares salvadoreños combatían a guerrilleros izquierdistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992, la administración del presidente Ronald Reagan apoyaba casi sin restricciones las acciones de las fuerzas de seguridad del país centroamericano. Incluso, apuntó la abogada de García en el juicio, durante la administración del presidente Reagan éste le concedió a García la medalla de la Legión al Mérito.

Las dos estrategias, la del gobierno contra García, y la de la defensa a favor del ex ministro, emergieron cuando el principal fiscal en el caso, Loren Coy, y Alina Cruz, la abogada de la defensa, hicieron sus presentaciones de inicio el lunes pasado ante el juez de inmigración Michael Horn.

Para el gobierno federal, García debe ser deportado porque existe evidencia de que sus acciones como ministro de la Defensa sustentan la tesis de que violó una ley del 2004 bajo la cual las autoridades migratorias pueden acusar y procesar a presuntos represores extranjeros. La ley dice que un presunto represor puede ser deportado si se prueba que “ordenó, incitó, ayudó o de alguna manera participó en torturas y muertes extrajudiciales”.

Coy, en su presentación, le dijo al juez que la evidencia que el gobierno federal mostraría en el juicio, probaría que García había incitado, ayudado y participado en el fomento de las atrocidades porque no hizo nada para investigar los abusos o castigar a los responsables.

“El 75 por ciento de la violencia tuvo lugar durante el tiempo que García era ministro de la Defensa:”, dijo Coy.