Encarcelado a causa de temores de que pudiera huir a Cuba, Armando “Manny” González se ha declarado culpable de robar decenas de millones de dólares al Medicare en facturas fraudulentas enviadas al programa financiado por los contribuyentes, mediante una cadena de clínicas de salud mental en Miami y Carolina del Norte.

González, de 50 años, un traficante de cocaína convicto que se unió a las pandillas de estafadores del Medicare a mediados de los años 2000, había abierto un par de clínicas de salud mental en las áreas de Kendall y Cutler Bay. En el 2008, González sospechó que los agentes federales andaban tras sus pasos, por lo que el otrora residente de Miami-Dade se trasladó con su negocio a Carolina del Norte.

Antes de su detención en mayo pasado, planeaba abrir otra clínica de psicoterapia en Tennessee.

González fue procesado con otras personas bajo cargos de conspirar para robar $63 millones al Medicare. Se ordenó su detención sin derecho a fianza después que la fiscalía argumentó que, dado que enfrenta una condena de 30 años a cadena perpetua, podría representar un “riesgo de fuga” a su natal Cuba.

Decenas de inmigrantes cubanos acusados ​​en el sur de la Florida por tratar de estafar al programa de salud federal para personas mayores han huido a la isla, que históricamente se ha hecho de la vista gorda y no devuelve los fugitivos a Estados Unidos.

El lunes, González se declaró culpable ante la jueza federal de distrito Cecilia Altonaga de un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica, y de un cargo de conspiración para lavar dinero. Bajo los términos de su acuerdo de culpabilidad, González aceptó una confiscación de bienes por valor de varios millones de dólares, incluidos $987,910 que le fueron incautados en julio, así como una residencia de un acre, vehículos y otros activos en Hendersonville, Carolina del Norte.

Según los registros de la corte, la compañía de González, Health Care Network Solutions, facturó al Medicare y al programa Medicaid de la Florida por supuestos servicios de salud mental que los pacientes no necesitaban.

Las tres clínicas de González —acusadas ​​de entretener a los pacientes con TV y cine en vez de ofrecerles verdaderas sesiones de psicoterapia de grupo— recaudaron $28 millones en pagos del Medicare del 2004 al 2011. Los abogados del Departamento de Justicia aseguraron en documentos judiciales que la “mayor parte” del dinero “desapareció”, y que “una porción sustancial... fue lavada a través de empresas fantasmas”.

González fue acusado inicialmente junto a otras ocho personas, entre ellos un enfermero, John Thoen, y otros empleados de su clausurada empresa.

Thoen se ha declarado culpable de fraude en la atención médica, y también lo han hecho otros tres empleados: Alexandra Haynes, Serena Joslin y Sara Da Silva Keller.

También han sido acusados Daniel Martínez, Raymond Rivero, Ivón Pérez y Alba Serrano, operadores de tres instalaciones de vida asistida (ALF) en el área de Homestead llamada Mi Renacer, God is First (Dios es primero) y Kayleen and Denis Care.

Los operadores de las ALF fueron acusados ​​de aceptar sobornos de González a cambio de suministrarle un flujo constante de pacientes, muchos de los cuales sufrían de demencia y la enfermedad de Alzheimer. No podrían haberse beneficiado de la terapia, afirmaron los fiscales.

Los cuatro acusados ​​se declararon culpables de fraude en la atención médica y de los cargos relacionados por su participación en el robo.