Las autoridades cubanas analizan una serie de medidas para “perfeccionar” su sistema de justicia en el marco del paquete de ajustes anunciados por el gobernante Raúl Castro en abril del 2011. Las medidas podrían ser implementadas en el próximo año y abarcarían modificaciones al actual Código Penal, entre otros.

“Se trata de hacer el sistema de justicia penal más efectivo, ágil y a tono con los adelantos de la ciencia del derecho y las experiencias acumuladas en estos años”, comentó el vicepresidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Oscar Manuel Silvera, en declaraciones a la agencia Prensa Latina.

El sistema judicial y los procedimientos establecidos por las autoridades de la isla han sido cuestionados abiertamente por grupos de derechos humanos y organizaciones que abogan por el respeto a las libertades individuales.

A mediados de este año el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) criticó duramente al gobierno por una larga serie de abusos. En la lista de atropellos se mencionó el estado de las prisiones y acoso sistemático a los disidentes y opositores pacíficos.

En ese contexto el informe del Comité pidió abolir delitos con definiciones vagas tales como peligrosidad social predelictiva, así como también solicitó garantizar la independencia del aparato judicial. El comité dejó en claro que las autoridades deben eliminar varias brechas legales que afectan el equilibrio y la imparcialidad de las sentencias.

Recientemente los reclamos de organismos independientes y gobiernos democráticos han denunciado el consistente acoso de las autoridades contra las filas opositoras mediante arrestos temporales que pueden durar horas o días, actos de repudio de fuerzas progubernamentales y vigilancia de los ciudadadanos.

Sólo en noviembre la policía política cubana realizó 410 arrestos de corta duración, según un registro mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), radicada en La Habana.

El informe de la CCDHRN precisó que las estadísticas en noviembre siguen indicando un alto nivel de represión contra ciudadanos pacíficos que disienten del régimen cubano.

“Las autoridades tratan de cambiar sus prácticas de represión política manteniéndolas dentro de límites que algunos llaman represión de baja intensidad”, señaló la CCDHRN. “Esta táctica no logra ocultar el carácter generalmente arbitrario de las detenciones que suelen dar lugar, en la gran mayoría de los casos, a la incomunicación y ocultamiento del paradero de los detenidos”.

En la isla múltiples voces se han manifestado directamente por un cambio del marco legal y político. Uno de ellos ha sido el abogado Wilfredo Vallín, de la Asociación Jurídica de Cuba. Vallín declaró que la ciudadanía espera cambios sustanciales del gobierno así como también respuestas inmediatas a peticiones que están relacionadas con el respeto y acceso a la democracia participativa.

La más reciente petición de la sociedad civil es la llamada Demanda Ciudadana por otra Cuba. Fue escrita en el 11 de junio en La Habana y dos semanas después fue entregada formalmente a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Entre otros puntos exige un marco legal y político para el pleno debate de ideas y soluciones a la crisis interna.