Asunción -- La ONG Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) pidió el viernes al Gobierno una investigación “imparcial y efectiva” sobre la matanza de Curuguaty (nordeste), que provocó la destitución en junio pasado del entonces presidente, Fernando Lugo.

“El Estado debe iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando para ello todos los medios legales disponibles”, expresó la Codehupy en su informe sobre el caso Curuguaty, que fue divulgado este viernes.

Seis policías y once labradores murieron en esa localidad rural el 15 de junio pasado en un tiroteo durante una operación de desalojo policial de la finca que se disputan el Estado y la familia del recientemente fallecido político y empresario Blas N. Riquelme.

Ese matanza fue el principal detonante del controvertido juicio político promovido por el Legislativo, que concluyó con la destitución de Lugo y la asunción a la Presidencia del entonces vicepresidente, Federico Franco, el 22 de junio.

“La investigación debe estar orientada a la determinación de la verdad y al enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables”, insistió la Codehupy, que también recomendó que la sociedad civil realice una investigación independiente.

Aseveró, además, que lo ocurrido en Curuguaty se ajusta a otros antecedentes en la lucha por la tierra en el país en los que se ha observado “prácticas lesivas de los derechos humanos” como “ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzosas”, “torturas”, “detenciones y procesamientos arbitrarios o abusivos” y “desalojos ilegales”.

La ONG sostiene que el “procedimiento fiscal y judicial adelantado por el Estado paraguayo (…) no puede legitimar un resultado justo porque no tiene condiciones de imparcialidad y eficacia de la prueba, así como mínimos de respeto a las garantías del debido proceso de los imputados”.

“Cualquier resolución que sea dictada en la causa podrá tener el efecto formal de preclusión en el proceso, pero no podrá evitar el vicio de la cosa juzgada fraudulenta cuando sea revisada en sede internacional”, advirtió.

El pasado domingo, la Fiscalía paraguaya presentó acusación formal contra 14 campesinos, dos de ellos menores de edad, como presuntos responsables de la matanza de Curuguaty.

La mayoría de esas personas fueron imputadas por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías “cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados”, mientras que los abogados de los procesados aseguran que hay pruebas que demuestran que los agentes fueron asesinados por “expertos tiradores” y no por los campesinos.

El reclamo de la Codehupy se suma a otros similares realizados por Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y autoridades en Asunción de las Naciones Unidas (ONU), así como por grupos civiles y sociales locales.