TEGUCIGALPA -- La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa reconoció el viernes a través de un comunicado que tiene dudas respecto a la legalidad de la destitución de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso hondureño la semana pasada, hecho que generó una profunda crisis institucional en el país.

“Estamos conscientes de que se han planteado dudas sobre la posible vulneración de la independencia del poder judicial por medio de la votación en el Congreso Nacional de Honduras el día 12 de diciembre del año en curso, para destituir y remplazar a cuatro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dice el comunicado enviado a la prensa.

El comunicado también emplaza a esperar nuevos acontecimientos, al señalar que “la Corte Suprema de Justicia resolverá sobre el recurso de amparo de los magistrados destituidos”.

La embajada también afirma que “el Congreso Nacional está considerando un proyecto de ley que establecería medidas para resolver las controversias que puedan surgir entre los Poderes del Estado, una necesidad destacada en el informe elaborado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”, en relación a el proyecto de ley para introducir la figura del juicio político en el ordenamiento legal de Honduras; proyecto introducido en la Cámara Legislativa y que será sometida a votación en el mes de enero.

En el mismo texto, la legación diplomática estadounidense reconoce que “los tres Poderes del Estado están empezando procesos para reforzar la confianza en la independencia y complementariedad de cada uno de ellos” y se refiere a que “el Presidente de la República ha lanzado un Diálogo Nacional entre los tres Poderes del Estado” del que no ha trascendido su contenido una semana después de iniciado.

La figura del juicio político es una de las propuestas del informe la Comisión de la Verdad que estudió los hechos que siguieron al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009 a través de un golpe de estado militar aprobado por la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional.

El origen de la crisis institucional en la que el país se encuentra inmerso radica, según Lobo, en que un grupo de empresarios liderado por el magnate de la comunicación Jorge Canahuati y un grupo de magistrados de la Corte Suprema han coludido para detener el proceso de depuración de la policía hondureña, una de las más corruptas del mundo, impulsado por el presidente.

Lobo ha acusado en público a empresarios y magistrados de estar “del lado de los criminales”, y ha prometido hacer todo lo que esté en sus manos para continuar con su plan.

Pero la Corte Suprema de Justicia se encuentra paralizada desde las destituciones.

El magistrado Antonio Henríquez, que no se encuentra entre los destituidos le pidió en nombre de sus compañeros “a la comunidad internacional a través de sus embajadas en el país que se reúnan con el pleno de la Corte para conocer de primera mano lo que ha sucedido”.

Henríquez también explicó que ni él ni sus compañeros van a “acudir a ningún pleno donde haya magistrados electos al margen de la ley”, en alusión a los cuatro magistrados nombrados por el Congreso en una situación de parálisis institucional de difícil resolución.

El Fiscal General del Estado Luis Rubí también anunció que el Ministerio Público analiza la eventual responsabilidad penal de los diputados que tomaron la decisión de destituir a los jueces en una medida que casi todos los expertos legales hondureños, además de los miembros del poder judicial, califican de intromisión en la separación de poderes del estado e incluso de “golpe técnico” a la democracia.

El Colegio de Abogados de Honduras hizo público un comunicado en el que insta a “a los colegas nombrados en sustitución de los magistrados destituidos a abstenerse de asumir dichos cargos mientras la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie sobre los recursos de amparo presentados, ya que podrían incurrir en responsabilidad penal”.