El fin del mundo en Connecticut llegó justamente una semana y un día antes de lo previsto en el calendario de los Mayas. Ocurrió una fría mañana de diciembre cuando una figura apocalíptica, armada para el Armagedón destruyó en menos de tres minutos el mundo idílico de la escuela elemental en el pueblo perfecto. .

Como era inevitable la procesión de ataúdes ha desatado la guerra civil entre los que abogan por un más estricto control de armas y los que insisten en que hay que poner más armas en la calles, incluso dando rifles a maestros y por qué no a estudiantes en escuelas y universidades.

No hay soluciones sencillas para problemas complejos, así se puede leer en un imán que hace tiempo pegué en mi nevera para recordarme la complejidad del mundo en que vivimos. Sin embargo, no hay que ser un genio para entender que la posesión de armas capaces de acribillar a docenas de personas en menos de tres minutos no es un derecho individual inalienable sino una amenaza pública que requiere respuestas contundentes.

La segunda enmienda de la constitución no dice que se puede tener cualquier arma, en cualquier lugar y para cualquier uso. Ni mucho menos dice que los dueños de las armas o que los fabricantes de armas están exentos de responsabilidad. Es más en una opinión de la Corte Suprema del 2008, el juez Antonin Scalia dejó bien claro que el gobierno tiene derecho bajo la Constitución de regular y restringir el derecho a poseer o comprar armas de fuego.

Por tanto, si no le tiembla el pulso (como con frecuencia suele ocurrir), mucho puede hacer el presidente Barack Obama para regular mejor el acceso a las armas de fuego y establecer la responsabilidad de los dueños y fabricantes.

Empecemos por el acceso a las armas de fuego. Veinte años atrás policías de toda la nación lograron convencer al Congreso para que prohibiera la venta de armas de asalto como la que empleó el asesino de Connecticut. No es que aquella ley fuera una maravilla, porque la vaciaron de contenido, pero parecía el primer escalón en el largo camino de poner coto en el abuso de las armas. Desgraciadamente, en el 2004 la ley murió y desde entonces toda la legislación ha venido encaminada a facilitar el acceso a las armas o a dar inmunidad a los fabricantes de las armas.

Bueno sería para comenzar que el presidente dejara de hablar vaguedades y empujara legislación que limitara el tipo de armas a las que el ciudadano común puede acceder. Con la excepción de pistolas y revólveres estándares probablemente el resto deben de estar prohibidas al ciudadano común. Como también debe de ser ilegal la posesión de cargadores de amplia capacidad, de más de doce balas, o de munición especial: balas explosivas o que perforan blindajes.

El siguiente foco de atención debe de ser la responsabilidad de los dueños y los fabricantes de armas. Decimos con frecuencia que las armas no matan, lo hacen quienes las portan. También decimos que los coches no causan accidentes, son los conductores. Curioso porque a los fabricantes y dueños de automóviles les exigimos que sean responsables de los daños que causan pero a los fabricantes de armas los protegimos de las demandas –está prohibido demandarles- y a los dueños nunca les exigimos responsabilidad.