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Aprueban ley de indulto en Bolivia

 
 

El presidente de Bolivia  Evo Molares, habla durante una ceremonia de cierre de actividades de la Fuerza de Operación Conjunta en El Chapare, el 19 de diciembre.
El presidente de Bolivia Evo Molares, habla durante una ceremonia de cierre de actividades de la Fuerza de Operación Conjunta en El Chapare, el 19 de diciembre.
JORGE BERNAL / AFP/Getty Images

Agence France Presse

La Asamblea Legislativa boliviana, que sesionó este sábado, aprobó una ley de indulto para ciertas categorías de presos que había sido enviada esta semana por el presidente Evo Morales y que beneficiará inicialmente a unas 600 personas.

“Aprobado el indulto presidencial para las personas encarceladas, que será aplicado de manera inmediata”, comunicó tras la votación el presidente del Congreso, Alvaro García, con lo que la medida alcanza carácter de ley nacional, restando su sanción por parte del Poder Ejecutivo, que convertirá en ley el proyecto.

Se estima que la medida beneficiará inicialmente a unas 600 personas, número que podría ampliarse a más de 1,000 en caso de que los reos sin sentencia opten por un proceso abreviado.

El indulto se aplicará a personas jóvenes hasta de 25 años y a adultos (mayores de 55 en el caso de las mujeres y de 58 en el de los hombres) que hayan cumplido la tercera parte de su condena, así como a personas con enfermedades graves o terminales y a discapacitados con lesiones severas o muy severas.

También se favorecerán de la medida los padres que tengan a su cuidado hijos menores de 12 años.

Quedarán excluidos de la medida los condenados por asesinato, violación, traición a la patria, terrorismo, secuestro, tráfico de personas, robo agravado y narcotráfico.

El indulto era esperado por la población penitenciaria que sufre las condiciones de hacinamiento de las cárceles bolivianas y que había reclamado su aplicación con medidas de protesta.

Según datos oficiales, en las cárceles de Bolivia hay 13.840 personas detenidas, la mayoría sin sentencia, una cifra que triplica la capacidad penal instalada.

Una comisión conformada por los ministerios de Gobierno (Interior) y Justicia y el Poder Judicial evaluará el cumplimiento de los requisitos y la aceptación o rechazo de la solicitud de indulto.

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