Caracas -- La Iglesia católica y la oposición en Venezuela reiteraron hoy su pedido para que se conceda una amnistía navideña a los que el antichavismo considera “presos políticos”, especialmente a aquellos que sufren problemas de salud.

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, hizo votos para que en esta fecha se concedan “medidas de gracia” y destacó las gestiones emprendidas por un grupo de diputados de oposición que ha impulsado el Proyecto de Ley de Amnistía.

“Ojalá que pronto se den y que mucha gente que está con esa esperanza, que ha tenido tantos problemas, pueda recibir medidas de gracia”, declaró Urosa al canal privado Globovisión.

A su turno, el líder opositor y gobernador del estado Miranda (centro), Henrique Capriles, pidió a “aquellos que tienen el poder” abrir “su corazón” y permitir la liberación de los privados de libertad.

“Ojalá que aquí los que están privados de su libertad, que los presos políticos, pudieran estar esta noche con su familia, poder salir en libertad”, declaró Capriles a periodistas.

Subrayó que “en Venezuela no hay políticos presos” sino “presos políticos”, que consideró “dos cosas totalmente distintas”.

“Qué les costaba hoy, un día 24, tener un gesto”, se lamentó.

Sobre el tema, la procuradora general de la República, Cilia Flores, dijo hoy a periodistas que en Venezuela “no existen presos políticos” e indicó que muchos de los incluidos en las listas para solicitar beneficios “son personas que en ningún momento están siendo procesadas o han sido condenadas por una actividad política, por estar desempeñándose como políticos”.

“Negamos que aquí existan presos políticos ni siquiera pudiéramos hablar de políticos presos, porque estas personas no son políticos. Eran funcionarios, cometieron delitos y, de acuerdo a toda nuestra legislación, con el debido proceso, en plena democracia, han sido juzgados”, argumentó.

A mediados de julio de 2011, el presidente venezolano, Hugo Chávez, manifestó que los “políticos presos, que no es lo mismo que presos políticos”, que estuvieran enfermos merecían beneficios penitenciarios independientemente del delito que hubieran cometido, y solicitó a los jueces proceder en consecuencia.

Tras ello fueron liberados los comisarios Julio Rodríguez y Lázaro Forero, condenados por algunas de las 19 muertes registradas durante el golpe de 2002, y Alejandro Peña Esclusa, imputado en 2008 por ocultamiento de explosivos y asociación para delinquir.