El informe destaca que por eso es necesario que las negociaciones “sean respaldadas por la activa participación y el apoyo de la sociedad civil. El resultado no sólo depende de la voluntad y habilidad negociadora de las partes”, dice el informe.

En medio de las negociaciones con los delegados de ambos bandos en camisas informales y guayaberas, rodeados de un discreto anfitrión, el gobierno cubano, y minutos después de conocerse el anuncio del alto el fuego ordenado por las FARC, la Corte Internacional de Justicia de La Haya anunció que aguas hasta entonces explotadas por Colombia en el mar Caribe fueron otorgadas a Nicaragua como una zona económica exclusiva de explotación.

El país centroamericano había instaurado un pleito en el 2001 ante el tribunal internacional en busca de la soberanía de un archipiélago que Colombia argumenta que siempre ha ocupado y cuyo fallo le fue favorable.

Tras el fallo sobre la porción de mar, Santos no sólo vio caer 15 puntos su popularidad sino también el apoyo de la gente a los diálogos de paz.

De acuerdo con un sondeo de firma Ipsos-Napoleón Franco, la popularidad del presidente cayó del 60 por ciento en septiembre a 45 por ciento en noviembre. Peor aún, un 61 por ciento de los encuestados dijo estar en contra de una relección de Santos, siete puntos por encima del 54 por ciento de oposición que tenía en septiembre.

El pesimismo en torno a que las partes consigan un acuerdo de paz, según el sondeo, creció 13 puntos al pasar de 41 por ciento en septiembre a 54 por ciento en noviembre. La encuesta consultó a 1,006 personas del 23 al 25 de noviembre pasado. Tuvo un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

En los acercamientos secretos iniciales, según han dicho Santos y algunos participantes en las gestiones, estuvo el hermano del presidente, Enrique Santos, ex director del diario nacional El Tiempo y quien conoce a varios miembros de la jefatura guerrillera, así como el gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuya participación fue clave.

En la isla de La Orchila, en territorio venezolano, hubo reuniones secretas entre delegados del gobierno y de las FARC, de acuerdo con algunos facilitadores. Discutieron la agenda de temas a negociar en la mesa.

Versiones sobre las reuniones no tardaron en aparecer en la prensa local y cuando fueron `in crescendo’, ambos bandos, el cuatro de septiembre, destaparon sus cartas en una orquestada ceremonia de anuncios: primero del presidente en Bogotá, y luego los líderes rebeldes desde La Habana.

Las partes acordaron una agenda de seis puntos, incluidos una reforma al sector agrario, la reparación de víctimas del conflicto armado y el problema del narcotráfico, y la participación política de los insurgentes, entre otros.

En 1964, cuando las FARC fueron fundadas, se trataba de un pequeño grupo de campesinos liberales que ya combatía a opositores del partido conservador en otro de los largos e intestinos conflictos colombianos.

Este es el cuarto intento entre el gobierno y ese grupo insurgente: hubo diálogos en los 80, en 1991 y 1992 en Caracas y luego en Tlaxcala, México. Naufragaron entre mutuas acusaciones de ataques y secuestros.