LOS ANGELES -- Un evento para el intercambio de armas por tarjetas de regalo fue realizado este miércoles en la ciudad estadounidense de Los Angeles, California,cinco meses antes de lo previsto y pocos días después de la matanza de 26 personas en una escuela del estado de Connecticut.

A las personas que participaron en la operación, en la que estuvieron presentes representantes del Departamento de Policía de Los Ángeles, no se les realizó pregunta alguna sobre el origen de sus armas de fuego.

Quienes canjearon pistolas, rifles y escopetas recibieron tarjetas de obsequio para adquirir alimentos por valor de $100 y quienes entregaron armas automáticas recibieron una tarjeta por valor de $200.

“Las ciudades y los estados deben unirse al gobierno federal para hacer todo lo que sea posible, tan pronto como nos sea posible, para proteger a nuestras comunidades”, dijo este miércoles el alcalde de Los Angeles Antonio Villaraigosa.

Villaraigosa aseguró que el adelanto de la fecha tiene como objetivo facilitar que los ciudadanos lleven a cabo una “acción concreta” tras la tragedia de Newtown.

El jefe comunal adelantó la fecha del evento, realizado usualmente en el mes de mayo, tras la conmoción provocada por la masacre el 14 de diciembre pasado, de 20 niños de 6 y 7 años y 6 adultos, cometida por un joven de 20 en una escuela primaria de la ciudad de Newtown, en Connecticut.

En mayo pasado, en el cuarto evento de este tipo, fueron recolectadas 1,673 armas de fuego, incluyendo 53 fusiles de asalto.

Los críticos de esta clase de iniciativas cuestionan su eficacia, argumentando que las armas entregadas tienden a ser las menos propensas a ser utilizadas en actividades delictivas, por su mal estado o antigüedad, según un estudio difundido por la Academia Nacional de Ciencias en el 2004.

El programa fue creado en el 2009 y desde entonces se han retirado cerca de 8,000 armas de fuego de las calles. Tras la masacre de Newtown el debate sobre el control de armas en Estados Unidos ha resurgido con intensidad, y varios legisladores han afirmado su intención de proponer en el Congreso en enero leyes que prohíban la ventas de determinadas armas de asalto y cargadores de alta capacidad.