BUENOS AIRES -- Las principales organizaciones agropecuarias iniciaron el miércoles un paro de comercialización de vacunos de 24 horas en repudio a la decisión del gobierno de nacionalizar un predio de la Sociedad Rural Argentina.

El paro ganadero se prolongará hasta esta medianoche y la Sociedad Rural Argentina (SRA) advirtió que la medida de fuerza podría extenderse en un futuro a la comercialización de granos.

El gobierno y el sector agropecuario mantienen periódicos enfrentamientos desde que en 2008 la presidenta Cristina Fernández intentó sin éxito aplicar impuestos a las exportaciones de soja. Argentina es el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja y el tercero de esa oleaginosa sin procesar.

En el Mercado de Hacienda de Buenos Aires, el principal del país, se registró a primera hora del día la entrada de varios cientos de vacunos en comparación con los miles que suelen ingresar diariamente. SRA señaló días atrás que el paro ganadero es “simbólico” y que no afectará a la gente. La institución recibió el apoyo de otras tres importantes entidades rurales que acusan al gobierno de aplicar políticas que han perjudicado la productividad del sector ganadero y agrícola.

El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, cuestionó en declaraciones al diario Página 12 el cese de comercialización de hacienda al sostener que “quienes convocan a este lockout están mezclando sus intereses políticos”.

La Sociedad Rural calificó de ilegal la nacionalización del predio dispuesta por las autoridades, que lo declararon de “utilidad pública”, y dijo que es producto de una “campaña difamatoria” del gobierno en su contra. La tradicional institución anticipó que en los próximos días pedirá a la justicia que anule la medida.

Luis Etchevehere, presidente de la SRA, afirmó el miércoles al canal Todo Noticias que recibió una intimación del gobierno para desalojar en 30 días el predio en el que desde 1878 se realiza la exhibición agroganadera más importante de Argentina. Sostuvo que la estatización “es una confiscación, una represalia, porque no hubo una ley votada por el Congreso”.

El gobierno nacionalizó mediante un decreto el predio y las instalaciones argumentando que una investigación judicial detectó presuntas irregularidades en el proceso de la SRA para comprar el inmueble al Estado en 1991 por 30 millones de dólares. En ese entonces el presidente de Argentina era Carlos Menem.

El ministro de Agricultura defendió en sus declaraciones a Página 12 la “firme decisión del Estado de aplicar una revisión a una transacción que ha sido absolutamente perjudicial para el patrimonio de la patria”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Julián Domínguez, dijo a la agencia oficial de noticias Télam que “no hay expropiación. Lo que hay es un contrato incumplido, no se pagaron los compromisos que tenía la entidad y lo que el Estado reclama es que el incumplimiento de muchísimos años y el precio que se pagó”.

El gobierno y abogados que defienden la postura oficialista sostienen que el predio se vendió a un valor irrisorio y en cuotas, gran parte de las cuales, según afirman, siguen impagas.