La Paz -- El Gobierno boliviano anunció hoy que usará agentes encubiertos para vigilar la labor de los abogados encargados de la defensa del Estado con el objetivo de evitar que aparezcan nuevas redes de funcionarios corruptos, como la que fue denunciada hace un mes por extorsionar a reos.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, hizo ese anuncio en una rueda de prensa en la que también dijo que el Gobierno será más estricto en la revisión de las trayectorias de los abogados antes de contratarlos.

“La selección de esos abogados, el control de esos abogados y la contrainteligencia a esos abogados tienen que darse. Estamos tomando los debidos reparos para que el control sobre los abogados que defienden al Estado no vuelva a dar lugar a este tipo de uso malicioso, pervertido y delincuencial del mandato estatal”, dijo.

Agregó que, a su vez, se tendrá que “controlar a los controladores” y se evaluará permanentemente su labor “para que no se dé ningún tipo de mal utilización de su función pública”.

El ministerio de Gobierno desveló el pasado 27 de noviembre la existencia de una red de funcionarios estatales y fiscales acusados de extorsionar a presos, entre ellos el estadounidense Jacob Ostreicher, a quienes exigían dinero a cambio de fallos favorables o beneficios penitenciarios.

La investigación estalló por una denuncia de los abogados de Ostreicher, de que la supuesta red de corrupción, liderada por el ya encarcelado exasesor jurídico del ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío, le pidió 50.000 dólares a cambio de su libertad.

El estadounidense fue liberado la semana pasada tras un año y medio preso por supuesto blanqueo de capitales en un caso relacionado con narcotráfico, cargos que él niega.

El vicepresidente dijo que el caso reveló “un cáncer maligno que hay que extirparlo de la manera más rápida y contundente posible”, si bien señaló que no afectó a todo el Gobierno sino solamente al grupo de abogados y fiscales “que se han dedicado a utilizar su cargo público para obtener beneficios personales”.

Los ministros bolivianos de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero, y de Transparencia, Nardi Suxo, comparecieron por este caso el fin semana pasado ante el Parlamento boliviano, dominado por el oficialismo, que aprobó el informe presentado por estas autoridades sobre la investigación que hacen.

Los tres ministros y el embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, también declararon en los últimos días ante los fiscales que investigan el caso y negaron tener vínculos con la red de extorsión.

El dirigente opositor Juan del Granado afirmó hoy, por su parte, que el 2012 concluye con este escándalo que, a su juicio, es una “enorme y dolorosa sombra sobre el país” y acusó al Gobierno de impedir una investigación real para encubrir la responsabilidad de los ministros.