BUENOS AIRES -- La justicia argentina procesó el viernes al ex dictador Jorge Videla y a otros más de 40 militares, policías y civiles por la tortura y asesinato de disidentes políticos durante el denominado Operativo Independencia, que tuvo lugar antes del golpe de Estado de 1976.

Además de Videla, que cumple tres condenas a cadena perpetua por otras violaciones a los derechos humanos, fue procesado con prisión preventiva el general retirado Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las islas Malvinas durante la guerra que el Reino Unido y Argentina libraron en 1982 por la soberanía del archipiélago del Atlántico sur, según el fallo difundido por medios de prensa.

Las violaciones a los derechos humanos ocurrieron en la provincia norteña de Tucumán durante el gobierno de la presidenta María Estela Martínez (1975-1976), viuda del ex presidente Juan Domingo Perón, quien reside en España y no resultó procesada.

La entonces mandataria firmó un decreto en el que ordenaba a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión. Esa orden presidencial fue utilizada por el ejército y la fuerza aérea para combatir a la compañía Ramón Rosa Jiménez del Ejército Revolucionario del Pueblo, una guerrilla de izquierda que buscaba crear un foco revolucionario en el monte tucumano.

La fiscalía pidió en octubre la captura de Martínez de Perón, pero el juez federal de Tucumán Daniel Bejas, a cargo de la instrucción, no hizo lugar al pedido.

Bejas dictó los procesamientos de Videla y el resto de los imputados por 269 casos de secuestro, torturas, desaparición forzada y homicidio ocurridos entre el 8 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976. El 24 de marzo de ese año Videla –entonces comandante en jefe del ejército– encabezó junto a otros jerarcas militares el golpe de Estado que echó del poder a Martínez de Perón y condujo a una sangrienta dictadura de siete años.

La fiscalía definió al Operativo Independencia como una “intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del gobierno civil en la provincia de Tucumán”.

La operación fue comandada por los fallecidos generales Acdel Edgardo Vilas y Antonio Domingo Bussi.

El entonces coronel Menéndez estuvo a cargo de un centro ilegal de detención llamado “La Escuelita” de Famaillá, en carácter de Jefe de Estado Mayor del llamado Puesto de Comando Táctico que funcionaba en esa localidad tucumana.

En los años previos a la dictadura militantes políticos izquierdistas y guerrilleros fueron víctimas de la represión estatal que se incrementó con la llegada de la dictadura, en la que según cifras oficiales unas 13,000 personas desaparecieron.

La justicia española rechazó en los últimos años dos pedidos de extradición de Martínez de Perón presentados por jueces argentinos. La Audiencia Nacional española consideró que no había pruebas suficientes para determinar que la viuda de Perón tuviera una participación en los delitos de la llamada Triple A, el grupo paraestatal que persiguió y asesinó a disidentes políticos y guerrilleros antes del golpe de Estado de 1976.