BUENOS AIRES -- Argentina pidió que una corte federal de apelaciones en EEUU revierta una orden que obliga al país al pago de $1,330 millones a inversionistas que rechazaron dos canjes de instrumentos de deuda cuando el gobierno se declaró en moratoria de pagos.

En documentos entregados el viernes por la noche, los abogados del gobierno argentino indicaron que la orden viola la soberanía del país. Agregaron que el fallo también amenaza a por lo menos $24,000 millones de la deuda nacional reestructurada, deja en desventaja a terceros y pone en riesgo los mercados mundiales de deuda.

“Los mandatos no tienen fundamento legal, son inequitativos y amenazan con causar estragos a innumerables terceros inocentes que ya han sufrido pérdidas por la caída del valor de sus bonos, provocada por la inseguridad que las órdenes judiciales de Nueva York han creado en el mercado para los certificados de Argentina”, indica un documento.

“Esto dañará a los acreedores privados y soberanos, así como a la ley de Nueva York y a Nueva York como sitio para hacer negocios. Sólo crecerá si se ratifican las órdenes judiciales”.

El 26 de octubre, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York ordenó que el país pague a quienes habían rechazado el intercambio una cantidad igual cuando hiciera pagos sobre otras deudas reesstructuadas desde el colapso económico del país, ocurrido hace 11 años.

El fallo concuerda con el emitido por el juez federal de distrito Thomas Griesa, quien determinó que con más de $40,000 millones en reservas extranjeras, Argentina puede pagar. La decisión dejó a Buenos Aires con una decisión difícil: pagar a todos los inversionistas por igual o a ninguno y correr el riesgo de irse a cese de pagos.

Entonces la corte regresó el caso a Griesa, quien ordenó a Argentina pagar los $1,330 millones a un fideicomiso de inversionistas que tienen títulos sin cobrar y prohibir que los bancos y otras partes intervengan. El juez basó su fallo en el principio de “pari passu”, que exige el mismo trato entre inversionistas.

La presidenta Cristina Fernández calificó de “colonialismo judicial” el fallo de Griesa y el país evitó el caos económico cuando una corte de apelaciones suspendió la orden judicial el 28 de noviembre.

Tan sólo la amenaza de un plazo para pagar, planteada por Griesa, tuvo severos resultados. Días después de emitir el fallo, el costo de la deuda Argentina se disparó en los mercados de Europa y EEUU y también se elevó el costo de asegurar esas deudas.

Argentina, sin embargo, se ha mostrado dispuesta a hacer concesiones. Para poner fin a la larga disputa, los abogados del gobierno dijeron que el país está dispuesto a pedir que el Congreso proporcione a los acreedores que rechazaron el acuerdo de intercambio el mismo trato dado a quienes se unieron al canje en el 2010.

Los nuevos argumentos son parte de la última etapa de la batalla legal con NML Capital Ltd., el fondo de inversión que abrió el caso y que se especializa en demandar por impago de deuda soberana.

El gobierno estadounidense presentó el viernes por la noche un informe “amicus” que respalda la solicitud argentina de una nueva audiencia en el caso, al destacar que la corte de apelaciones afecta las relaciones entre EEUU y Argentina, amenaza la solución de futuras reestructuraciones de deuda y bloquea la inmunidad legal dada a un país soberano.

Argentina afectó su reputación en todo el mundo al incurrir en el mayor “default” de deuda soberana en la historia, hace una década. Desde entonces, el gobierno ha reestructurado alrededor de 92 por ciento de su moratoria récord de $95,000 millones.

Pero Fernández se niega a pagar a los grupos que rechazaron el canje. Ha tachado a NML Capital y otros grupos como “fondos buitres” por adquirir deuda a razón de centavos frente al dólar en el 2002, cuando la economía argentina estaba en ruinas, y de buscar ahora un cobro mucho mayor.