TEGUCIGALPA -- Cada sábado por la mañana, el conductor de uno de los taxistas con los que trabajo paga 12 dólares por estacionar su auto cerca de un hospital, a dos cuadras de una comisaría de policía.

Pero el que le cobra no es el gobierno.

Un hombre se acerca en una gran SUV, generalmente muestra una AK-47 y recibe un sobre con el dinero sin decir palabra. José y otros nueve conductores que pagan a los extorsionadores calculan que su punto de taxis les cuesta más de 500 dólares anuales. Además, cuando se acerca la Navidad, pagan 500 dólares más en concepto de “aguinaldo”.

Al mismo tiempo, la tasa anual que cobra la municipalidad por manejar un taxi es de 30 dólares.

“¿Quién cree que manda aquí?”, me pregunta José.

Es una pregunta interesante, a la que trato de responder desde que llegué aquí hace un año como corresponsal de The Associated Press. ¿Manda el gobierno? ¿Mandan los narcotraficantes? ¿Las pandillas? Esta extraña capital de 1,3 millón de habitantes es un territorio sin ley que ha desarrollado una serie de normas tácitas con las que sobrellevar el peligro diario.

José, que pide mantener su apellido en el anonimato por miedo a las posibles represalias, cree que en su caso los extorsionadores pertenecen a la M18, una pandilla fundada en las calles de Los Angeles. Añade que los taxistas no se molestan en denunciar las amenazas porque sospechan que hay policías involucrados. En los primeros seis meses de este año, 51 taxistas fueron asesinados en las calles de Tegucigalpa: José y sus compañeros creen que los mataron por negarse a pagar las cuotas exigidas.

Cuando me instalé en Tegucigalpa el mes de marzo, varios amigos en España quisieron saber por qué. Si Egipto, Libia o Siria ocupaban las portadas, ¿qué buscaba en el otro lado del mundo? “Dar testimonio”, dije, “del lugar más violento del mundo, de un país en crisis”.

Soy el único corresponsal extranjero aquí, sin casi ningún colega a quien consultar en cuestiones de seguridad ni con quienes buscar refugio. Mis instintos se forjaron en zonas de guerra, pero eso no basta en un estado fallido.

En las trincheras de Libia, uno generalmente sabe de dónde vienen los disparos. En Honduras, uno nunca sabe dónde acecha el peligro.

Tres semanas después de llegar, cubrí una ceremonia en la capital. El subsecretario de Estado norteamericano William Brownfield entregó 30 motos al presidente Porfirio Lobo para colaborar en la lucha contra el crimen. Un dirigente vecinal me había dicho que los narcos sobornaban a algunos agentes de policía para que hicieran la vista gorda. Pregunté a los funcionarios si no temían que las motos terminaran en manos de los delincuentes.

No hubo respuesta. Un periodista hondureño me pasó un brazo sobre los hombros y susurró: “Aquí no hacemos esa clase de preguntas”. Si quería conservar la vida, dijo, debía “mantener un perfil bajo”.

Casi una treintena de periodistas hondureños han sido asesinados en los últimos dos años. Algunos van armados para protegerse, otros se valen de los escoltas que el presidente Lobo nos ofreció en mayo, después del asesinato de un conocido periodista de radio, aparentemente en represalia por un ataque del gobierno a los carteles de la droga.