Santiago -- La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet (2006-2010), declaró hoy ante la fiscal Solange Huerta, quien investiga las muertes causadas la noche del 27 de febrero del 2010 por el tsunami que siguió al terremoto de 8,8 grados de magnitud Richter, que afectó a esta nación austral.

Según fuentes judiciales, la comparecencia fue solicitada por la actual directora ejecutiva de la agencia ONU Mujeres, de visita familiar en Chile, desde antes de Navidad.

La información fue confirmada por la fiscalía Occidente, aunque no se entregaron mayores antecedentes de este encuentro.

La reunión entre la expresidenta y la fiscal se inició alrededor de las 9.00 hora local (12.00 GMT), se extendió durante cuatro horas. La declaración fue tomada por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabaja junto a Huerta en este caso.

Hace siete días, los familiares de víctimas del terremoto y el tsunami del 27 de febrero del 2010 en Chile le enviaron una carta a la exmandataria para que compareciera de forma voluntaria frente a Huerta.

También en la misiva planteaban “el pesar por nuestros seres queridos muertos ese día por la negligencia inexcusable de aquellas autoridades políticas y militares que estuvieron bajo su mando en dependencias de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi)”.

“Esperamos, expresidenta, que le regale a Chile y a los familiares de las víctimas del tsunami su comparecencia voluntaria ante la fiscal Solange Huerta -que investiga la muerte de 156 personas, causada por la abrupta salida del mar- antes de su retorno a la ONU”, decía parte de la extensa carta.

La fiscal Huerta, a cargo de la investigación, imputó cargos formalmente a principios de mayo a ocho exfuncionarios, entre los que se encuentran un exsubsecretario del Interior y la exdirectora de la Onemi, por no alertar a la población del peligro que existía.

En el texto entregado en la Fundación Dialoga, una entidad sin ánimo de lucro lanzada por Bachelet en 2010, se leía: “Le preguntamos señora Directora de ONU…¿quién fue la autoridad política responsable de las muertes de nuestros compatriotas: el destino, Dios, aunque usted no crea en él, o la naturaleza?”.

A mediados de año, Bachelet, no respondió un cuestionario enviado por diputados oficialistas que formaban una comisión investigadora sobre la fallida alerta de tsunami que dejó 156 muertes y 25 desaparecidos en febrero de 2010.

En esa oportunidad, la expresidenta pidió a los legisladores que se remitieran a las respuestas que entregó previamente a la primera comisión que se constituyó en 2010 presidida por el diputado Jorge Ulloa “puesto que no existen nuevos antecedentes que pueda aportar a las respuestas que en extenso y por oficio entregué para cada una de las preguntas formuladas”.

El tsunami, siguió al terremoto de 8,8 grados que el 27 de febrero de 2010 devastó seis regiones de Chile y en total mató a 526 personas, dejó 800.000 damnificados y causó daños por 30.000 millones de dólares, equivalentes al 18 % del producto interno bruto (PIB) chileno de entonces.

La Onemi y las autoridades militares, especialmente el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), fueron duramente criticados después del cataclismo debido a que nunca dieron la alarma de tsunami, pese a los informes que se estaban recibiendo en ese organismo, incluso desde el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Hawai.