TEGUCIGALPA -- El conflicto político-institucional que vive Honduras desde que el Congreso Nacional destituyó en diciembre a varios miembros de la Corte Suprema de Justicia se agravó el jueves cuando cientos de manifestantes impidieron el acceso a la Corte de varios magistrados y demandaron la destitución de todos sus miembros, mientras la institución posponía el pleno de jueces ante la imposibilidad de reunir a sus miembros.

En tanto, el tranque sigue afectando al gobierno de Porfirio Lobo.

La única magistrada de corte que logró ingresar al edificio fue Rosalinda Cruz, quien se cuenta entre los cuatro jueces destituidos en diciembre.

“Si siguen estos hostigamientos es posible que tomemos la determinación de solicitar asilo político en la embajada de España o en otra embajada porque esto es una persecución política”, dijo Cruz.

La jueza se presentó en su puesto de trabajo porque “nadie nos ha comunicado oficialmente nuestra destitución, nosotros nos sentimos en nuestro cargo y vamos a enfrentar las intimidaciones que estamos sufriendo”.

También afirmó que “no tenemos miedo porque sabemos que tenemos la razón” y que “estamos solicitando medidas de protección porque tememos por nuestra integridad física”.

La magistrada añadió que “otros dos jueces destituidos tuvieron que desistir de ingresar al edificio por temor a ser hostigados por la turba, que carga mochilas llenas de piedras”.

El cuarto juez destituido se encuentra fuera del país y los jueces nombrados en sustitución de los destituidos no se presentaron a sus puestos. Marco Antonio Bhady, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos de Honduras que organizó decenas de autobuses para bloquear la Corte dijo “estamos manifestándonos en contra de que se reintegren a labores los magistrados culpables del desorden judicial y responsables de leyes que perjudican a los campesinos y contrarias a la depuración policial porque están coludidos con los poderes fácticos y contra el pueblo”.

Bhady afirmó que “los queremos a todos fuera, exigimos la separación de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del fiscal general del Estado y de otros actores del Ministerio Público porque con esta justicia el país no puede avanzar y explicó que el 3 de enero comienza un proceso de limpieza de todos los elementos nocivos en la justicia hondureña”.

Berta Centeno, una manifestante, dijo que “nos dijeron que nos iban a dar 100 lempiras (equivalente a $5) y un pollo para comer, y ya nos vamos porque no nos dieron nada”.

Los jueces han presentado un recurso de amparo contra su destitución.

Tomás Zambrano, miembro de la comisión que propuso su destitución en el Congreso Nacional, dijo que “la presentación del recurso de amparo implica reconocimiento de la destitución”.

Se esperaba que la corte reanudase labores el jueves después del período vacacional.

Siete magistrados de la corte se manifestaron públicamente en apoyo de los destituidos a través de un comunicado: “Consideramos que la (destitución) no es consecuente con la institucionalidad democrática y atenta contra la independencia del poder judicial”, decía el texto.

El defensor del pueblo de Honduras, Ramón Custodio informó en rueda de prensa en la sede del Consejo Nacional de los Derechos Humanos que en diciembre solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección para los magistrados destituidos así como la visita de una misión de la institución al país para informarse debidamente sobre lo sucedido.

El Congreso Nacional destituyó a los cuatro magistrados de la Corte Suprema esgrimiendo “causas legales”, único motivo junto a la dimisión o el fallecimiento que puede separar a un magistrado de su cargo, pero Custodio explicó que “las causas legales deben estar justificadas y explicadas. Si alguien comete un delito, quien tiene pruebas de su comisión está obligado a presentarlas ante la justicia y eso aquí no ha sucedido”.

Añadió que “hay irrespeto de los derechos humanos de los magistrados, del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia” y que “está preocupado por la seguridad personal de los magistrados”.

Custodio también explicó que en esta situación, la Corte no puede reunir su pleno.