TEGUCIGALPA -- Miembros del Ministerio Público manifestaron el viernes que la decisión del Congreso de destituir a magistrados de la Corte Suprema podría tener consecuencias internacionales para el estado después de conocerse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha posicionado respecto a la destitución, el defensor del pueblo ha solicitado su llegada al país y los magistrados estudian recurrir a la justicia internacional para su defensa.

Según el jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, German Enamorado, “hay una situación coyuntural que la Corte Suprema debe resolver con arreglo al ordenamiento jurídico interno, pero el procedimiento internacional se encuentra en curso y esto da una vez más una visión negativa del país porque internacionalmente se da a conocer que el poder legislativo está enfrentado al poder judicial”.

Enamorado explicó que “en Honduras la máxima de la independencia del poder judicial no está siendo respetada” y que “algún país podría cortar la ayuda a Honduras si se ve que el poder judicial no tiene la capacidad de trabajar con independencia, que el poder político puede cambiar jueces con libertad”.

El asesor del ministerio público Rigoberto Espina declaró que “para los Estados Unidos, cuando un estado es violador de los derechos humanos, hay especificaciones en su Senado respecto a la ayuda que se le brinda a ese estado”. Con respecto a los magistrados destituidos por el Congreso Nacional en diciembre, sostuvo que “ningún funcionario público tiene la obligación de cumplir con resoluciones que considera ilegales”.

La CIDH hizo público un comunicado el jueves en Washington, en el que pidió respeto a la separación de poderes y defendió la independencia de los jueces destituidos.

“La CIDH ha recibido información de acuerdo a la cual dicha destitución habría estado relacionada con los votos de los magistrados en una decisión que determinó la inconstitucionalidad de una ley. Asimismo, durante el debate que terminó con la destitución de los magistrados, el Congreso habría estado rodeado de fuerzas militares y policiales”, dice el comunicado.

El texto hecho público “destaca la importancia del principio de separación e independencia de las ramas de gobierno como un elemento esencial del Estado de Derecho”.

Señala que las “sanciones disciplinarias que se impongan a un juez o jueza, en ningún caso pueden estar motivadas en el juicio jurídico que se hubiera desarrollado en alguna de sus resoluciones” y que “el principio de independencia exige que las juezas y jueces ejerzan sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, las partes del proceso, los actores sociales y otros órganos vinculados a la administración de justicia”.

El Defensor del Pueblo, Ramón Custodio, dijo que ha solicitado una visita al país de la CIDH para estudiar el caso sobre el terreno.

Los magistrados destituidos no aceptan la resolución del Congreso, que además no les ha sido notificada y, pese a que se ha nombrado a sus sustitutos que comenzaron sus labores el viernes, continúan en sus cargos, haciendo uso de sus despachos, vehículos oficiales y escolta.