Nuestro político local más relevante, el senador federal Marco Rubio, demostró esta semana que aun tiene mucho que aprender. Rubio fue uno de los sólo ocho miembros del Senado que votaron en contra del acuerdo impositivo alcanzado a última hora para evitar que la nación se precipitara de nuevo en la recesión económica. Y este peligroso cuento no ha acabado.

Rubio y unos cuarenta fanáticos congresistas ven cualquier negociación con la administración Obama como una gran traición a sus vagos principios y están dispuestos a mantener en vilo a 300 millones de estadounidenses en una crisis prefabricada y permanente.

Para Rubio es más importante que todos paguemos más impuestos con tal de proteger a los más ricos. Por eso salió con la peregrina idea de que incrementar los impuestos a los ingresos más altos era dañino para la nación y, en su plan alternativo, era mejor que todos paguemos más. Es decir, los impuestos son malos sólo cuando los pagan los más ricos. Mientras los pagamos los demás, para que los más ricos no los paguen, no son tan malos. Eso es lo que ha venido a decir Rubio. Vaya galimatías.

Afortunadamente sólo un pequeño grupo de republicanos estuvo de acuerdo con Rubio, la gran mayoría se pronunció contra la propuesta descabellada del senador por Florida.

El problema del radicalismo de Rubio es que sólo sirve para llevarle a un callejón sin salida, exactamente donde se encuentra ahora otro de sus amigos, el gobernador Rick Scott.

En nuestro estado de la Florida, ejemplo nacional de incapacidad electoral, el gobernador Scott, después de luchar a brazo partido contra la implementación del Obamacare, ha cambiado de opinión para sentarse a la mesa con funcionarios federales y discutir la mejor forma de implementar el plan en la Florida, sin que se disparen los costos del programa de Medicaid que ya ascienden a miles de millones anuales.

Al gobernador le pasa como a Rubio, ambos gritan mucho en nombre de una pureza ideológica que les conduce a absurdos y nos pone a todos en peligro, muchas veces demasiado cerca de que literalmente nos vuelen la cabeza.

Lo digo porque Florida vive una fiebre de leyes que promueven la proliferación de armas de fuego. El Estado ha concedido ya más de un millón de permisos para portar armas y protegido el derecho a disparar en cualquier parte y ante la menor provocación. Los legisladores que aprobaron estas leyes hace siete años con la intención de protegernos a todos deberían reconsiderar las consecuencias de sus acciones.

Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Texas concluye que en los 23 estados con leyes similares al “Stand Your Ground” floridano hay más homicidios que en estados que no tienen esta legislación. Según el economista Mark Hackstone “el número de homicidios se ha incrementado entre un siete y un nueve por ciento en los estados con leyes Stand Your Ground”. Se me ocurre pensar que debe haber un sistema más razonable para resolver las controversias humanas que el liarse a tiros en cualquier esquina.

Ciertamente, los políticos no tienen la culpa de todo lo que nos aqueja. Como decía Lester Maddox, el folclórico gobernador del vecino estado de Georgia, cuando le preguntaban sobre el deplorable estado de su sistema de prisiones: “el problema fundamental de la prisiones de Georgia es la calidad de los reclusos”.

Si la mayoría de nosotros basa su pensamiento político en pasiones tribales y opiniones inamovibles ¿qué podemos esperar de los que nos representan en Washington, Tallahassee y Miami? ¿Por qué ellos van a ser diferentes de nosotros?

Ahora, en momento de promesas para el año nuevo, quizá sea bueno que todos nos prometamos ser un poco más tolerantes, que escuchemos más al contrario. Puede que esa simple resolución mejore la calidad cívica de todos los que vivimos y votamos en este rincón del mundo.