Santiago de Chile -- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, encargó el domingo a un alto mando policial la seguridad en las zonas mapuches del sur y no descarta decretar el estado de excepción tras la muerte de dos personas y una seguidilla de ataques que el Gobierno califica de “terroristas”.

El mandatario sostuvo este domingo una reunión de urgencia con cuatro de sus ministros en el Palacio de La Moneda, después de que en los últimos cuatro días se registraran seis ataques incendiarios a viviendas, camiones y maquinaria agrícola en el sur del país.

El ataque más grave ocurrido en la historia del denominado conflicto mapuche costó el viernes la vida a un empresario agrícola de ascendencia suiza de 75 años, Werner Luchsinger, y a su mujer, de 69, fallecidos al arder su vivienda por la acción de una veintena de personas.

El Gobierno presentó una querella invocando la ley antiterrorista por estos hechos, por los que de momento solo está detenido un joven mapuche, etnia que reclama derechos ancestrales sobre tierras que están en manos de empresarios agrícolas y forestales.

“El Gobierno cree que la decisión más oportuna, útil y necesaria como instrumento jurídico es la aplicación de la ley antiterrorista”, declaró hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick, al término de la cita.

La aplicación contra los mapuches de la ley antiterrorista, que contempla penas más severas que la legislación común, ha sido criticada por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

El ministro dejó suspeditada la aplicación de otras medidas como la de un estado de excepción constitucional, que sería el estado de emergencia, al desarrollo del conflicto. “No descartamos ningún otro instrumento jurídico que nos brinde la constitución y la ley”, recalcó.

Esa medida ha sido reclamada por parlamentarios oficialistas y empresarios, que amenazan con tomarse la justicia por su mano.

Chadwick explicó que el estado de emergencia permite solo la restricción del derecho de locomoción y de reunión y a su juicio eso no permitiría “ahora” combatir a una “organización terrorista” que, dijo, comete ataques de forma precisa en distintos lugares.

El Ejecutivo considera que por el momento lo conveniente es incrementar la acción policial y de inteligencia, y para ello se ha duplicado en los últimos seis meses la dotación de Carabineros, hasta sumar 400 agentes, lo que supone la mayor concentración por población en el país.

Además, desde el viernes se han puesto en marcha nuevas medidas, como la creación de una unidad antiterrorista en Carabineros y un equipo jurídico especial en el Gobierno.

En esa línea, hoy se decidió designar al tercer hombre en el escalafón de Carabineros, el general inspector Carlos Carrasco, como encargado de la acción contra la violencia “terrorista” en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Para este lunes está prevista una reunión de Chadwick con los presidentes de todos los partidos políticos y un encuentro entre la Agencia Nacional de Inteligencia y los jefes de inteligencia de todas las Fuerzas Armadas y de Orden.

Además, un gremio de camioneros, con 35,000 vehículos inscritos, ha convocado una movilización de una hora para protestar contra los ataques que han destruido 81 camiones desde el 2005, con pérdidas por unos $8 millones.

El Gobierno cree que detrás de estos ataques están grupos mapuches radicales que reciben financiación exterior, en especial de Argentina.

Muchos de los actuales propietarios, como el propio Luchsinger, son descendientes de colonos llegados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, a los que el estado chileno entregó tierras para poblar y para hacer productivas vastas zonas del sur del país.