Para los políticos más poderosos de la Florida, entrar a un colegio electoral por la vía rápida y emitir un voto les procura un paisaje idílico de fondo para sonreír frente a las cámaras, dejando huella de su fidelidad al sufragio democrático.

Otros que sacan tajada de los procesos electorales como buitres insaciables, son los boleteros contratados por las campañas de los candidatos para andar a caza de boletas ausentes ajenas, abriendo el paso a toda clase de engaños y fraude.

Los votantes de a pie, sin embargo, nos vemos forzados a plantarnos en inacabables filas por cambios arbitrarios suscritos por las autoridades que, al menos en los comicios presidenciales recientes, buscan debilitar los derechos electorales con miras a agenciar una ventaja político partidista.

No hay mejor ejemplo que el Condado Miami-Dade para ilustrar cómo las restricciones en la votación anticipada impuestas por la Legislatura el año pasado pusieron en jaque la democracia. Adhiramos a esto el deplorable desempeño del Departamento de Elecciones del gobierno condal, cuya administración sufre de osteoporosis, y el corolario es el afrentoso fiasco electoral.

De estas tinieblas, una luz se asoma entre neblinas grises. Ante el clamor de un pueblo irritado con sus líderes, cobran vida las intenciones de echar el tiempo atrás para restituir el postulado del derecho constitucional de los ciudadanos a votar.

Son dos los legisladores de Miami que, siguiendo sugerencias de asesores locales que analizaron el fracaso de los comicios, presentaron proyectos de ley para ampliar el período de votación anticipada amputado por el gobierno estatal. Antes de la ofensiva del gobernador Rick Scott para limitar el derecho al sufragio, los floridanos contaban con 14 días para elegir a sus candidatos favoritos antes del Día de Elecciones, incluyendo el domingo previo. La Legislatura redujo el período a ocho días y suprimió la jornada dominical, en la cual suelen votar grupos minoritarios.

Ahora, los votantes han de exhortar a sus representantes en Tallahassee a respaldar propuestas del senador republicano Miguel Díaz de la Portilla y la senadora demócrata Gwen Margolis, ambas orientadas a rescatar un retazo de justicia en el sistema electoral. El año pasado, Díaz de la Portilla encabezó el comité legislativo que impulsó la disminución del plazo para votar antes de las elecciones, una de las principales causas de las bochornosas filas que dejaron a muchas personas desmoralizadas porque aún no habían ejercido el derecho al voto a sabiendas que la elección ya estaba decidida.

Consciente de la gran falla, esta semana el senador planteó elevar el número de horas diarias de votación anticipada, de 12 a 14 y, a su vez, restablecer el derecho al sufragio el domingo anterior a los comicios. Los supervisores de elecciones en los 67 condados, por otra parte, tendrían que rendir cuentas al estado tres meses antes de una elección general, para dar fe de su preparación y capacidad para completar eficientemente el proceso.

La legislación de Margolis es más ambiciosa aún, pues estipula dar marcha atrás a la reforma electoral para elevar nuevamente a 14 días el plazo de votación anticipada. Asimismo, promueve la apertura de más colegios electorales durante este período, que se precisa con carácter de urgencia.

También falta un mundo por mejorar el proceso de votación con boletas ausentes, comenzando con un sistema que garantice que una boleta llegue al votante apropiado, e incluso conceder a estas personas el derecho a emitir una nueva boleta si se detecta un error de procesamiento antes de las elecciones. Un Gran Jurado en Miami también recomendó recientemente que cada boleta ausente sea certificada por un testigo adulto, con firma y dirección, que haya observado al votante firmar y marcar su propia boleta.

La Florida se encuentra entre una veintena de estados que en los dos últimos años han promulgado leyes para obstaculizar a los votantes. Además de la reducción del período de votación anticipada, otras medidas abarcan la restricción de iniciativas de inscripción de votantes, la exigencia innecesaria del acta de nacimiento para registrarse a votar, la privación del derecho al voto de ex convictos y las llamadas purgas de los listados electorales. Para justificar estos cambios, las autoridades insisten en que su objetivo es limitar el fraude del electorado.

Pero todo parece indicar que es al revés: son los electores quienes se sienten defraudados por las autoridades. Crucemos los dedos; que con estas propuestas, el Estado del Sol restablezca la votación anticipada y recupere su dignidad perdida en las tinieblas. Nunca es tarde para recobrar el valor extraviado por las malas políticas.