Una rama del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha hecho público un informe que urge a Cuba a liberar inmediatamente a Alan Gross, el subcontratista del gobierno de EE.UU. encarcelado. El documento afirma que el sistema judicial de la isla no es independiente ni imparcial.

El informe del Grupo de Trabajo del CDH sobre Detención Arbitraria también dijo que la ley de seguridad nacional según la que Gross fue acusado es vaga y viola acuerdos internacionales sobre los Derechos Humanos, pero rechazó una denuncia con respecto a que se le negó el debido proceso.

El grupo de trabajo envió una copia privada del informe el mes pasado al gobierno cubano, que inmediatamente acusó a sus autores de violar sus propios procedimientos y ceder a presiones de Washington para condenar a Cuba. Pero La Habana no hizo público el informe.

Jared Genser, un abogado internacional de derechos humanos contratado por la familia Gross para promover su denuncia sobre la detención de Gross en el 2009 y su condena en el 2011, dijo que el panel le envió una copia pública esta semana. Genser lo mandó a los periodistas el martes.

El grupo de trabajo, con sede en Ginebra, no tiene facultades de ejecución, aunque su informe de 12 páginas obviamente irritó a La Habana el mes pasado. Sus miembros son expertos en Derechos Humanos procedentes de Noruega, Chile, Senegal, Ucrania y Pakistán.

Gross, de 63 años, especialista en desarrollo internacional y residente de Potomac, Maryland, está cumpliendo una pena de prisión de 15 años por la entrega de sofisticados equipos de comunicación a judíos cubanos para que pudieran acceder a internet fuera del control estricto del gobierno. Los equipos fueron costeados por los programas del gobierno de EE.UU. para promover la democracia en la isla.

Cuba ha proscrito toda la cooperación con esos programas, diciendo que están diseñados para derrocar el sistema comunista, y ha acusado a Gross de un delito contra el Estado por actuar en contra de “la soberanía y la integridad territorial” de la nación.

El informe del grupo de trabajo criticó el sistema judicial cubano, la vaguedad de los cargos contra Gross y la negación de su libertad bajo fianza mientras esperaba juicio por más de un año, pero no profundizó en los detalles del caso.

Genser también dio a conocer una carta de la esposa de Gross, Judy, al gobernante cubano Raúl Castro, pidiéndole que obedeciera el informe del grupo de trabajo.

“Teniendo en cuenta esta decisión, me gustaría saber por qué su gobierno está haciendo caso omiso de la declaración de las Naciones Unidas de que su encarcelamiento es ilegal y de su petición para la liberación inmediata de Alan”, escribió Judy Gross.