Miami- -- Venezolanos residentes en Miami (Florida) coinciden en que en Venezuela se ha instaurado un “régimen de facto”, después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país resolviera que no era necesario que el presidente electo, Hugo Chávez, asuma hoy su cargo para iniciar un nuevo mandato.

“En Venezuela se acaba de instaurar un régimen de facto, una dictadura respaldada por los poderes del Estado, que están secuestrados por el Ejecutivo y el Legislativo” y un sector del ámbito militar, dijo hoy a Efe el presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), Jose Antonio Colina.

Para Colina, lo más “disparatado” y “aberrante” de la resolución del Supremo venezolano es la pretensión jurídica de que un gobernante “reelecto” no debe prestar juramento y que, además, es constitucional “darle legalidad a la continuidad administrativa”.

El Supremo de Venezuela dictaminó el miércoles que no era necesario que Chávez, quien sigue hospitalizado en La Habana, asumiera hoy su cargo para iniciar un nuevo mandato y avaló la prórroga en funciones de los ministros del Gobierno actual, lo que convierte a la máxima instancia judicial, según Colina, en cómplice de un “autogolpe de Estado”.

Insistió en que se trata de una “transgresión aberrante a la ley”, ya que “en ninguna parte de la Constitución se establece que un presidente reelecto automáticamente pasa a ser un presidente en ejercicio de sus funciones” sin jurar su cargo.

A juicio del exiliado venezolano, la resolución carece de fundamento jurídico y pone en evidencia “lo que muchos venezolanos saben desde hace tiempo: que en Venezuela no existe independencia de poderes” y que el Supremo es correa trasmisora del chavismo y “extensión del Ejecutivo”, dijo.

La única decisión con fundamento jurídico, sostuvo, hubiera sido entregar los poderes temporales al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, en su opinión la única autoridad legitimada constitucionalmente para ello.

Chávez convalece en Cuba de una cirugía a la que fue sometido el pasado 11 de diciembre, en lo que fue su cuarto paso por el quirófano desde que hace un año y medio se le detectó un cáncer en la zona pélvica.

De acuerdo con la última información oficial, tiene una insuficiencia respiratoria como consecuencia de una grave infección pulmonar, lo que impidió su presencia en Caracas para tomar hoy posesión de su cargo.

A juicio de Colina, la máxima instancia judicial debería haber ordenado constituir una junta médica a fin de “evaluar el estado de salud” del mandatario venezolano.

De igual forma, Patricia Andrade, directora de derechos humanos de la organización Venezuela Awareness de Miami, no dudó en señalar a Efe que, “a partir de hoy, en Venezuela hay un Gobierno de facto”, que se inicia con la “negativa” de Cabello a “asumir su papel” al frente de la República y culmina con la decisión del Supremo de Justicia, que materializó un “golpe a la Constitución” venezolana.

A Andrade le resulta inconcebible también la forma en que el Tribunal Supremo interpretó el “acto de la juramentación” como una mera “formalidad”, cuando se trata de una condición clave exigida por el texto constitucional, precisamente la que “da legitimidad” al candidato electo para que pueda tomar posesión del cargo e iniciar así un nuevo período presidencial.

“Eso es lo más grave y lo que determina que a partir de hoy tengamos un Gobierno de facto, a falta de juramento”, destacó.

Una gran parte de la comunidad venezolana residente en el sur de Florida ve en la resolución del Supremo un acto de docilidad ante el chavismo, la voluntad de plegarse al dictado de un Ejecutivo “bajo control y dirección cubano para asegurar el continuismo del chavismo en el poder sin Chávez”, apostilló Colina.

Junto con Colina, venezolanos como Víctor Rodríguez, residente en el sur de Florida, opinan que la resolución del Supremo vulnera la Constitución que dicta que “el Gobierno y su mandato expiran el 10 de enero y, a partir de entonces, cesa este en funciones ”y entra un nuevo Gobierno“.

”Respetar el texto de la Constitución no es un mero formalismo y la ley dicta que el presidente electo debe jurar el 10 de enero“, aseveró Rodríguez en el restaurante El Arepazo 2, centro de encuentro de los exiliados y antichavistas venezolanos.