La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aseguró el jueves que la administración del gobernador de Florida, Rick Scott, ha protagonizado durante la primera mitad de su mandato una serie de “ataques sin precedentes” contra las libertades civiles.

“La administración del gobernador Scott y el extremo conservador que domina la Legislatura de Florida han desatado desde noviembre de 2010 una serie de ataques sin precedentes contra los derechos civiles de los floridanos”, dijo el jueves Carolina González, directiva de la ACLU.

En estos dos últimos años, precisó, la gobernación ha llevado a cabo “asaltos” a los derechos civiles tan evidentes como su intento de “aprobar una ley al estilo de la disposición estatal SB1070 de Arizona”, que permite a la policía de ese estado cuestionar el estatus migratorio de las personas que sean detenidas, sin importar que se trate de infracciones mínimas de tránsito.

González sostuvo que ese tipo de leyes “afectan a negocios, debilitan el trabajo policial y amenazan nuestros valores básicos norteamericanos”. Florida “no es Arizona y estas leyes son un experimento fallido que no debemos repetir en nuestro estado”, subrayó.

En un informe presentado el jueves, la ACLU de Florida especifica que, hasta septiembre del 2011 esta organización “ha presentado nueve demandas contra las políticas” implementadas por Scott, entre otras las que suponen un “ataque” al derecho al voto, a no sufrir registros arbitrarios, a la separación de Iglesia y Estado, y a la independencia del Poder Judicial.

El trabajo de la ACLU resalta casos recientes como la victoria legal obtenida en los tribunales contra la ley HB1355, que “restringía los derechos de los votantes” en Florida con la imposición de graves “restricciones para el registro de votantes” y fijaba una reducción del “número de días de votación anticipada”.

González denunció el “esfuerzo” del gobernador de Florida y la fiscal general del estado, Pam Bondi, para “revertir las reformas que rigen la restauración” de derechos civiles como el de votación para las personas que han cometido un delito y ya han cumplido su condena.

“La privación de derechos civiles debido a delitos graves se ha utilizado para disminuir el poder del voto de los afroamericanos”, denuncia la ACLU en su informe, para explicar que se trata de una disposición que se promulgó en 1868 “como una herramienta con la que suprimir el voto de los esclavos recién liberados”.

Actualmente, prosigue, la Constitución de Florida “impone una suspensión de por vida en el voto de las personas con una condena por delito grave”, a menos que el gobernador del estado “conceda una restauración de los derechos civiles” de los afectados.

“A partir del 2010, más de 1.5 millones de ex convictos de Florida por delitos graves que han cumplido su condena han sido privados de sus derechos civiles”, precisa la ACLU.

El informe también menciona el intento fallido de Scott de aplicar una nueva ley que obliga a someter a pruebas de detección de drogas a los empleados públicos y a quienes quieren recibir ayudas públicas. Ese proyecto fue bloqueado por una orden judicial.

Según la ACLU, otro “ataque” de Scott a las libertades civiles lo fue en concreto al “acceso de la mujer a los servicios de salud reproductiva”.