Santiago de Chile -- El presidente Sebastián Piñera defendió el domingo la aplicación de la ley antiterrorista en la región chilena de La Araucanía, donde la pasada semana un empresario agrícola y su esposa murieron en un atentado en el marco del conflicto mapuche que se vive hace años en esa zona.

“Aquí la ley no se está aplicando al pueblo mapuche como dicen algunos, se está aplicando a los terroristas, sean de la etnia que sean, del color que sean, del lugar que sean”, aseguró el mandatario en un cabildo de seguridad ciudadana efectuado en la Escuela de Carabineros en la capital chilena.

Piñera sostuvo que “siempre hay quienes ponen dificultades, no sólo los terroristas, sino los que le hacen el juego a los terroristas. Están permanentemente defendiéndolos, justificándolos, amparándolos”, apostilló.

El mandatario también señaló que dará urgencia y discusión inmediata al proyecto de ley de resguardo del orden público, conocida como “Ley Hinzpeter”.

Dicho articulado, que fortalece el resguardo del orden público, ha recibido críticas, especialmente de estudiantes y gremios de prensa, desde que fue presentado el 4 de octubre del 2011.

“Queremos darle más atribuciones a Carabineros para que luchen contra quienes cobardemente, con la cara encapuchada, atentan contra la ciudadanía y contra Carabineros”, añadió Piñera.

En las últimas semanas en la Araucanía se han recrudecido los incidentes vinculados al denominado conflicto mapuche, que desde la década de los años noventa enfrenta a grupos de esa etnia con empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.

El atentado del pasado 4 de enero, en el que el empresario agrícola Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne MacKay, murieron calcinados en el interior de su vivienda, ha reavivado la tensión en la zona, donde el Gobierno cree que operan grupos mapuches radicalizados que actúan como “organizaciones terroristas” con financiación exterior.

Tras el atentado, el Ejecutivo reforzó el contingente policial en la zona, sin que hasta el momento se haya logrado frenar los ataques y también invocó la Ley Antiterrorista que será aplicada a todos quienes resulten culpables de los atentados incendiarios en el sur de Chile.

De hecho, el pasado viernes, la fiscalía de La Araucanía imputó bajo la ley antiterrorista a uno de los tres mapuches detenidos en relación con el ataque en el que murió el empresario.

Se trata de Celestino Córdova Tránsito, de 26 años, detenido con una herida de bala y portando una linterna tras el atentado en las cercanías de la destruida casa donde fallecieron Luchsinger y Mackay.

Córdova Tránsito, que oficia como “machi” (médico tradicional mapuche) en su comunidad, también deberá responder por otro atentado incendiario, ocurrido el 23 de diciembre en un fundo, en el que los autores quemaron la casa e incineraron a sus perros.

El fiscal del caso, Alberto Chiffelle, imputó formalmente al “machi” por dos “incendios terroristas”, uno de ellos con resultado de muerte, robo con violencia e incendio de tres vehículos, mientras el juez de garantía Luis Olivares dispuso su prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación.

Los mapuches, unos 600.000 en un país de 16,6 millones, son la principal etnia indígena de Chile. La base del conflicto que enfrenta a algunas comunidades con el Estado es la reivindicación de las tierras de sus ancestros.

En la Araucanía, la región más pobre del país, los indígenas ocupan unas 600.000 hectáreas, un 5 % de las tierras heredadas de sus familiares y una sexta parte de lo que poseen las compañías forestales.