Armeros de Miami opuestos a las medidas de Obama

 

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Empresarios, clientes e instructores del giro de seguridad en Miami Dade criticaron el jueves la medida dispuesta por el presidente Barack Obama para prohibir la comercialización de fusiles de asalto entre otras disposiciones que buscan endurecer el control de armas en el país.

El empresario Antonio “Tony” Vega, propietario de Code Red Firearms, una fábrica de Hialeah especializada en el ensamblaje de fusiles AR-15, dijo que la medida provocará un sustancial incremento de la venta de esas armas en el mercado negro.

“Es una medida totalmente equivocada, será catastrófica”, afirmó Vega. “El tiro le saldrá por la culata al gobierno porque la prohibición de los fusiles de asalto va a llevar a que haya más especulación, estas armas se volverán más codiciadas y se negociarán sin control en el mercado negro”.

Vega, quien aspiró sin éxito al Concejo de Hialeah en el 2011, indicó que durante la campaña presidencial de noviembre los fusiles de alto calibre experimentaron un progresivo aumento de precio, “probablemente ante la inminente reelección de Obama”.

“Ya se olfateaba que con su reelección, Obama iba a implementar una política más dura contra las armas”, dijo Vega. “Para anticiparse a cualquier prohibición, la gente empezó a comprar cada vez más este tipo de fusiles”.

El precio de los fusiles AR-15 ensamblados en Hialeah “se disparó” al punto de duplicarse de poco más de $900 a no menos de $1,800, tras la masacre de Connecticut, donde el joven Adam Lanza se suicidó luego de matar a su madre y a 20 niños y 6 adultos de la escuela Sandy Hook en la localidad de Newtown.

Code Red Firearms empezó a ensamblar esos fusiles en Hialeah hace seis meses. Cada fusil, que es una versión civil de los modelos que utilizan las tropas militares estadounidenses, lleva inscrito el nombre de Hialeah. Las piezas son originalmente producidas en la sede de Detroit de Code Red Firearms.

“Pero con esta medida lo más probable es que tengamos que despedir a los empleados”, dijo Vega. “Lo que se está haciendo es castigar a quienes tenemos una empresa legal, que lleva un registro de la comercialización de armas, para finalmente favorecer a quienes están en el mercado negro. Es un tremendo error”.

Entre las 23 órdenes ejecutivas firmadas por Obama y el vicepresidente Joe Biden –y que no requieren de la aprobación del Congreso–, también se dispone la obligación de comprobación de antecedentes criminales para todas las ventas de armas. También propone que las autoridades estatales compartan a nivel federal sus bases de datos sobre antecedentes criminales.

El empresario Alex Pérez, propietario de Florida Gun Center, en Hialeah, dijo que actualmente toda venta de armas en los establecimientos legales son debidamente verificadas.

“Uno de los principales problemas ocurre cuando se realizan ventas privadas, entre personas que no reportan estas transacciones”, dijo Pérez. “Las personas que actúan en un escenario legal lo seguirán haciendo, creo que el tema no es aprobar más normas, sino velar por que las normas que ya existen se hagan cumplir”.

Los esposos Lázara y Pedro Hernández, que el miércoles practicaban en el campo de tiro cerrado de FPI en Hialeah, dijeron que la preocupación de las autoridades debía enfocarse en brindar mayor seguridad a lugares públicos como las escuelas.

“Yo estoy a favor de las armas por protección”, dijo Lázara, madre de dos hijos. “Con todo lo que está pasando, considero que debe haber mayor protección en las escuelas”.

El instructor Ike Mont-Ros, que trabaja en Hialeah, enfatizó que las medidas para endurecer el control de armas suelen enfocarse en las armas y no en los usuarios.

“Las armas son instrumentos que dan un poder que lleva una gran responsabilidad”, dijo Mont-Ros. “Considero que todo dueño de arma debe estar bien entrenado, pero muchas veces eso no ocurre”.

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