El mes pasado, los legisladores federales presentaron la aprobación de la Ley de Seguridad del Drywall del 2012 como una victoria bipartidista para miles de dueños de viviendas afectados por drywall (tabla roca) contaminado.

“Esta es una ley sobre el proteger a las familias estadounidenses, su salud y bienestar económico”, afirmó el representante Scott Rigell, republicano por Virginia, el principal patrocinador de la medida en la Cámara de Representantes. “Depende del Congreso asegurar que existen los estándares preventivos de forma que ninguna familia estadounidense tenga que enfrentarse nunca más con la dificultad y el dolor de cabeza del drywall contaminado”.

Pero la ley no establecía realmente los estándares preventivos. En su lugar, pedía que un comité de asociación de la industria, formado principalmente por fabricantes de drywall y constructores, desarrollaran límites voluntarios en el contenido de azufre en el drywall para que el gobierno velara por su cumplimiento.

La medida se debió a amplios problemas con el drywall, principalmente el importado de China para la reconstrucción después del huracán Katrina. Los tablones emitían grandes cantidades de un gas de azufre oloroso, lo que provocaba problemas respiratorios en los residentes y causaba que no funcionaran los equipos electrónicos de las casas.

Prepublica y el Sarasota Herald-Tribune sacaron a la luz los profundos problemas en el modo en que el gobierno hizo frente al drywall contaminado en el 2010 y el 2011.

La Comisión de Seguridad para los Productos de Consumo (CPSC), que encabeza la investigación federal de hace varios años sobre el problema, aún no sabe exactamente que hace que provoca que el drywall emita gas, así que no está claro qué impacto podría el contenido de azufre.

La primera versión de la ley, propuesta por Rigell en marzo del 2012, estipuló que el drywall contaminado debía ser tratado como una sustancia peligrosa prohibida, y establecía penalidades criminales y civiles para los que lo vendieran o construyeran con él.

Pero el proyecto de ley fue gradualmente suavizado por los cabilderos de la industria de la construcción y sus aliados.

Primero, la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes quitó a las cláusulas de Rigell el cumplimiento y las penalidades. En su lugar, el proyecto revisado instruía al CPSC a desarrollar etiquetas para hacer que los tablones se pudieran seguir hasta el fabricante original y establecer un límite en el contenido de azufre dentro del drywall o adoptar un “estándar voluntario” establecido por la industria.

Esos cambios no fueron suficientes para satisfacer a los cabilderos de los constructores de viviendas.

James Tobin, el principal cabildero de la Asociación Nacional de Fabricantes de Casas (NAHB), escribió en septiembre del 2012 una carta abierta al presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, republicano por Ohio, en la que decía que la medida todavía le daba mucho poder al CPSC. Debería asegurarse a la industria una oportunidad para influir en cualquier regla que proceda de la iniciativa de ley a través de un proceso de comentario público, afirmó en la carta.