Hallan culpable a policía de Miami de robar drogas y dinero

 

jweaver@MiamiHerald.com

El sargento Raúl Iglesias de la Policía de Miami juró en el banquillo que él no hizo nada incorrecto mientras fungía como jefe de una brigada encubierta centrada en los vendedores de drogas callejeros.

Iglesias insistió en que no robaba drogas y dinero a los narcotraficantes, no pagaba con droga a los informantes, no plantó cocaína y no mintió a agentes federales.

Pero los jurados no le creyeron, y concluyeron el viernes que Iglesias cometió todos esos delitos, excepto plantar la cocaína.

El jurado federal de 12 personas, después de todo un día de deliberaciones, halló culpable a Iglesias de ocho de nueve cargos en un tenso juicio por corrupción en que se vio enfrentado con sus propios detectives.

En el juzgado, miembros de la Orden Fraternal de la Policía se sentaron juntos a un lado de la sala para mostrar su apoyo a Iglesias, mientras que los investigadores de Asuntos Internos del departamento que colaboraron con el FBI en el caso se sentaron del otro lado.

Fuera de la sala del juzgado, el caso creó un abismo entre los partidarios de Iglesias, quienes describieron a los detectives que testificaron en su contra como “soplones”, y sus detractores, quienes opinan que el departamento necesita limpiarse de corrupción interna.

Iglesias, de 40 años, quien dirigía la Unidad de Supresión del Crimen (CSU), fue hallado culpable de dos violaciones de los derechos civiles, además de conspiración para poseer, y posesión con intención de distribuir, cocaína y crack. Fue hallado además culpable de obstrucción de justicia y de hacer declaraciones oficiales falsas. Lo exoneraron de una cuenta de conspiración contra los derechos civiles.

Iglesias, un ex marine que peleó en la Guerra de Irak, enfrenta un máximo de 20 años de cárcel cuando comparezca para ser sentenciado el 28 de marzo ante la jueza de distrito federal Cecilia Altonaga. No quedó detenido.

La investigación sobre las irregularidades de Iglesias comenzó después de que se le enviara una carta el 13 de abril del 2010 a Asuntos Internos. alegando que Iglesias había robado drogas y dinero a los traficantes dos o tres veces por semana durante un período de cuatro meses.

El fiscal federal Wifredo Ferrer afirmó que el caso de corrupción ilustraba cómo un agente de policía puede defraudar la confianza de la comunidad.

“El violó la ley plantando drogas a un particular, distribuyendo drogas, obstruyendo la justicia y haciendo declaraciones falsas”, declaró Ferrer en un comunicado. “Mi oficina, y los hombres y mujeres honestos y dedicados que trabajan en la policía, tienen cero tolerancia ante semejante corrupción”.

Tanto Iglesias como sus abogados defensores se mostraron sombríos cuando se anunciaron los veredictos de culpabilidad en la mañana del viernes, tras un juicio de dos semanas. Expresaron su incredulidad ante el resultado del juicio contra el veterano de 18 años en la policía, quien fuera relevado de sus deberes en mayo del 2010.

El abogado defensor Rick Díaz había alegado ante el jurado que el caso era el resultado de los intentos de Iglesias por controlar una brigada antidroga indisciplinada, lo cual había puesto a los detectives en contra suya.

Tras el veredicto, Díaz declaró que “el resultado hubiera sido diferente” si se hubiera permitido al jurado escuchar evidencia de que esos mismos detectives habían hecho “varios arrestos falsos con reportes de arrestos falsificados”.

“Un tribunal de apelaciones permitirá que se presente esa evidencia en un nuevo juicio, y él será reivindicado”, subrayó Díaz. “Mientras tanto, el veredicto sugiere que deberíamos sacar de servicio a todos los policías de la ciudad de Miami y entregar sus armas y sus insignias a los adictos de crack de la ciudad”.

El jurado exoneró a Iglesias de un solo cargo: conspirar para violar los derechos civiles de un sospechoso plantándole una pequeña bolsa de cocaína en un estacionamiento del downtown de Miami.

La duda razonable del jurado con respecto a esa acusación se debió aparentemente a la falta de pruebas. Detectives testificaron que un colega de Iglesias se presentó en la escena para darle las drogas, pero admitieron no haber visto cuando se las entregó supuestamente al sargento. Iglesias afirmó que su colega, Ricardo Martínez, no había ido en absoluto a trabajar en todo ese día de enero del 2010, y acusó a los detectives de mentir.

Las acusaciones provinieron de lo que los fiscales federales Ricardo del Toro y Michael Berger describieron como cuatro incidentes separados de conducta impropia entre enero y mayo del 2010, mientras Iglesias dirigía la CSU, que se dedica a combatir la venta de drogas a nivel callejero.

Iglesias fue convicto de robar drogas y dinero a una persona sospechosa de ser vendedor de drogas de Allapattah en mayo del 2010, y de mentir a los investigadores sobre una caja de dinero dejada en un carro abandonado como parte de una operación encubierta del FBI. Los agentes habían colocado $3,000 en una caja, pero $800 desaparecieron después de que Iglesias manipuló el dinero.

Un miembro del equipo de CSU de Iglesias, el ex detective Roberto Asanza, quien se declaró culpable de un cargo de drogas de menor cuantía relacionado con la estafa de Allapattah, testificó que su jefe dijo que estaba bien pagar con drogas a los informantes confidenciales. Asanza testificó también que Iglesias lo vio darle una bolsita de cocaína a un informante mientras que los tres estaban sentados en el camión de Asanza.

El miércoles, en sus argumentos finales, el jurado escuchó a la fiscalía describir a Iglesias como un policía corrupto, y su abogado defensor lo presentó como un agente honesto.

El juicio enfrentó a Iglesias a cuatro detectives de su antigua brigada, descritos como “héroes” por la fiscalía por haber testificado contra él, y como “mentirosos” por la defensa.

“Tuvimos cuatro testigos, agentes de policía que se enfrentaron a la corrupción, que se enfrentaron a lo incorrecto”, declaró Del Toro al jurado durante el discurso final.

“¿Qué razón tenían ellos para mentir? Ninguna”, añadió su colega Berger. “¿Quién es la única persona con razones para mentir? El acusado. Y eso se debe a que su libertad, su empleo y su sustento están en peligro”.

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