En nuestra comunidad, sí que suceden atrocidades.

Las personas de corazón noble – el pueblo del sur de la Florida – se sienten forzadas a crear corazas para protegerse de los sentimientos que nacen por naturaleza humana cuando una macabra tragedia toca a la puerta. El dolor es más punzante en el alma, cuando las víctimas son niños y las negligentes autoridades no se esmeran lo suficiente para protegerlos.

Montados en cólera, preguntamos a Dios, ¿cómo existen tantos padres desalmados que traen una criatura al mundo para abusarla? ¿Dónde quedó sepultada la conciencia?

La atroz historia del pequeño desaparecido con apenas cinco meses de vida, Dontrell Melvin, de quien se sospecha que sea el diminuto esqueleto desenterrado por la policía del patio trasero de la vivienda donde habitaban familiares en el municipio Hallandale Beach, nos invita a cuestionar por qué la misma tragedia se repite una y otra vez bajo las narices de las autoridades de bienestar infantil y las agencias del orden. ¿Es que no aprenden los irresponsables funcionarios públicos?

En esta ocasión, el Departamento de Niños y Familias (DCF) estatal ignoró un informe sobre la posible desaparición y muerte del pequeño Dontrell. La denuncia a la línea de abuso infantil sobre un bebé que no se encontraba desde hacía 15 meses no despertó alarma. Para los especialistas del DCF, era un asunto que compete a la policía porque se trataba de una persona desaparecida.

Sin embargo, la Policía de Hallandale lo consideraba un caso de disputa por la custodia del niño entre los padres, Brittney Sierra y Calvin Melvin. El DCF se ocuparía del pleito familiar.

Las dos agencias se lavaron las manos e ignoraron al menor desaparecido, mientras que alguien se las había embarrado robándole la vida y ocultando sus restos bajo tierra, como un animal.

Era evidente que la vida de un infante estaba en peligro, pues su familia tenía un extenso historial en los archivos del DCF.

No es la primera vez que los funcionarios de bienestar infantil pierden la lógica porque no aprenden de sus propias fallas. El macabro hallazgo reciente de los huesitos de bebé, traen a la memoria otro descubrimiento que causó náusea colectiva: el cadáver descompuesto de Nubia Barahona, de 10 años, rociado de químicos tóxicos en una bolsa de basura dentro de la camioneta de fumigación de su padre adoptivo.

Un equipo de expertos que examinó este caso catalogó la labor del DCF como “ineptitud fatal”. Entonces llovieron promesas demagógicas sobre niños felices con ositos en la mano. Pues no, el amor se ha agotado. Los menores más vulnerables con padres que a menudo son de clase socioeconómica baja y tienen historial de violencia, están desguarnecidos en este estado.

El año pasado, la policía encontró a un párvulo de 9 años vagando desnudo y escuálido en el municipio North Miami Beach. Pesaba 35 libras y la única manera de describirlo era como sobreviviente de campo de concentración nazi. El niño había estado bajo supervisión del DCF en varias etapas de su crianza.

Los detalles del espeluznante caso de Dontrell apenas comienzan a salir a la luz. Hay que estar preparados y cargar un Alka-Seltzer en la billetera. El bebé llevaba año y medio olvidado y hasta hace algunas semanas nadie, ni siquiera sus padres, lo buscaban.

Registros divulgados por las autoridades dan fe de que el DCF estuvo en contacto 30 veces con los parientes del menor y la abuela, Renne Menendez, donde vivía Sierra con sus hijos. Y la línea de abuso recibió cuatro llamadas desde marzo del 2011 alertando sobre la caótica situación en el hogar del Dontrell. Las denuncias impulsaron al DCF a enviar un investigador en septiembre del 2012. Debía encontrar siete niños que vivían bajo ese techo, pero sólo vio a tres. ¿No preguntó dónde estaba el resto?

Un mes más tarde, un agente de policía que había estado en la casa durante una disputa entre los padres del bebé – arrestados por ahora bajo cargos de negligencia infantil –, llamó al DCF a notificar que la madre no estaba segura si su bebe estaba vivo o muerto. Documentaremos su preocupación, dijeron las operadoras, para luego engavetar el caso. Supuestamente, el agente no había expresado suficiente preocupación y, al final del día, la agencia no tiene jurisdicción sobre menores desaparecidos, sino que corresponde a la policía, según la ley estatal.

Si la Policía de Hallandale se preocupó para llamar a la línea de abuso, ¿no debió asignar uno de sus detectives? El caso debió ser investigado de inmediato por la policía y no esperar a que DCF, cuya reputación está por el piso, se ocupara.

Ahora lo que falta por responder es cómo se esfuma un infante durante 15 meses si DCF y la policía están alertados.

La respuesta es más simple de lo que parece: No les importa.