MADRID -- La imagen de los políticos cae en picado en España entre una población que ve multiplicarse los escándalos de corrupción, de los que ahora es acusado el partido conservador en el gobierno, mientras sigue sumida en una crisis que muchos achacan a la connivencia entre las clases política y económica.

Según un sondeo realizado por el instituto DYM y publicado este domingo por el diario conservador ABC, tres de cada cuatro españoles piensa que la corrupción política está creciendo en su país y que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de ciudadanos.

Asimismo, nueve de cada diez pide que se endurezcan las penas contra los delitos de corrupción y que los partidos sean más duros con los acusados de malversación, suspendiéndolos de sus funciones.

“Más que la corrupción en sí, a la que la sociedad española ya está acostumbrada, lo que yo creo que está generando alarma y escándalo es la falta de reacción por parte de las organizaciones políticas”, dice el politólogo Antón Losada, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y comentarista para varios medios españoles.

Tras el paro, que en España golpea a uno de cada cuatro trabajadores, y los problemas económicos, incesantes desde el estallido de la crisis en 2008, “los políticos en general, los partidos políticos y la política” son la tercera preocupación de los españoles, según un estudio del Centro de Investigaciones Científicas.

Este organismo público, que cada mes elabora un barómetro de la opinión de los españoles, descubrió en su sondeo del mes pasado que “la corrupción y el fraude” se sitúan ya en el cuarto puesto, con 17,2% de respuestas frente a 6% en diciembre de 2011.

“Se suman dos ideas, que la política no es capaz de resolver la crisis, que es inútil, y que además es corrupta y se protegen entre ellos”, dice Losada.

Así, muchos españoles fustigaron que el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, exministro de Economía y exdirector gerente del FMI, fichase hace dos semanas por Telefónica cuando está imputado por “estafa” y “apropiación indebida” en el derrumbe de esa entidad, convertida en el símbolo de la burbuja que dio al traste con la economía española.

“La sensación de connivencia entre el mundo financiero y de la política ha ido creciendo conforme ha ido avanzando la crisis”, considera Losada recordando que el gobierno rescata con decenas de miles de millones a la banca mientras impone políticas de austeridad en servicios como la salud y la educación.

Citando una investigación judicial, la prensa española publicó esta semana que el ex tesorero del Partido Popular (PP, derecha, en el poder) Luis Bárcenas tuvo 22 millones de euros en una cuenta en Suiza.

Además, el periódico conservador El Mundo afirmó, citando a “cinco fuentes solventes de las sucesivas direcciones” del PP, que durante años Bárcenas pagó sobresueldos a dirigentes del partido del jefe del gobierno Mariano Rajoy con dinero negro.

Desde entonces, el tema de la corrupción copa páginas de diarios y tertulias de radio y televisión.

“Los escándalos acorralan a la política”, titulaba este domingo el diario de izquierdas El País, destacando que “la avalancha de escándalos desborda a las instituciones”.

Consciente de la deslegitimación que provocan estas acusaciones, Rajoy aseguró el sábado que no le “temblará la mano” para castigar a los responsables de “irregularidades o de conductas impropias”.

Insatisfecho, el líder de la oposición socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció el domingo que su partido llevará el tema ante la justicia.

Pero lo cierto es que el PSOE tampoco está limpio de sospecha: la justicia está investigando a exresponsables del gobierno socialista de la región de Andalucía (sur) por presunta malvesación de dinero público destinado a ayuda a empresas en crisis, entre otros casos.

Y mientras las acusaciones de corrupción se suceden contra los nacionalistas catalanes de CiU o contra el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, quien según un informe del fisco citado por la prensa habría defraudado casi medio millón de euros, el presidente del gobierno regional de Madrid, Ignacio González, del PP, reconocía esta semana haber comprado por 700,000 euros un apartamento en la playa investigado por fraude fiscal.

“¡Que no, que no, que no nos representan!”, coreado en todas las manifestaciones, este eslogan, acuñado por los ‘indignados', ilustra la creciente desconfianza de buena parte de la sociedad española hacia sus políticos.